El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

La audiencia tendrá lugar el 25 de junio.
Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

La denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei reclama una auditoría sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia.

El juez explicó que “el rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica” y que “el beneficio directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.

Indicó que “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados” y que “los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.

Belliboni, dirigente del Polo Obrero, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y las protestas callejeras, en especial a partir de la creación del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad.

Cabe destacar que el Gobierno se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación periodística de que, en medio del recorte de fondos a comedores escolares, retuvo unas 5.000 toneladas de comida en sus depósitos.

Belliboni deberá declarar el 25 de junio a las 9 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, junto a otros citados a indagatoria que son 23 en total.

La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.

Estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no integran la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos, pero sí de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.