Después de los primeros reparos de intendentes de Buenos Aires y asociaciones empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), continuaron los rechazos contra el bono de $60.000 para trabajadores privados y públicos anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Se manifestaron en contra la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, la Unión Industrial Argentina (UIA), el grupo de entidades empresarias de Córdoba. También los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Misiones, CABA, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz sostuvieron que no abonarán el refuerzo.

La UIA ratificó que el camino para las discusiones salariales son los acuerdos paritarios.

En un comunicado indicó que las medidas para “reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”. Añadió que los aumentos por decreto “colisionan con los consensos salariales ya firmados”.

Detalló que la industria argentina cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios y agregó que la “decisión unilateral y transversal” de establecer aumentos por decreto genera “superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas y económicas diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”.

“La Federación de Comercio e Industria adhiere a la posición planteada por la mayoría de los representantes del sector privado y da cuenta de la imposibilidad del sector pyme de afrontar el bono extraordinario anunciado por el Ministerio de Economía de la Nación”, dijo Fecoba en un comunicado.

En el marco de una reunión convocada para tratar las medidas anunciadas, el titular de la Federación, Fabián Castillo, insistió en que, “al margen de que se trata de una imposición del sector público sobre el privado, las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales o bonificaciones especiales no contempladas en las paritarias naturales de cada sector”.

“No logramos crecer, los insumos importados escasean, las ventas caen y no se logra establecer un marco natural de precios de referencia”, agregó.

Desde la Cámara de la Construcción, Weiss indicó que, si bien entienden la problemática del asalariado que necesita recomponer su salario frente a la última devaluación y el incremento de costos, simultáneamente hay empresas del rubro complicadas para poder pagar el bono.

“En muchos casos, y sobre todo en lo vinculado a la obra pública, tenemos contratos complicados, atrasos en los pagos y se hace dificultoso para muchas empresas pagarlo. Esa es la situación”, afirmó.

En tanto, los empresarios de Córdoba reunidos en el G6 fueron más tajantes; rechazaron “de plano” la iniciativa oficial y solicitaron dar marcha atrás con el anuncio.

“Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos adelantos salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, describieron.

“Creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”, concluyeron.

En este sentido, desde el Gobierno hubo dos respuestas. Una vino por parte de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos que dijo que habrá multas para las empresas que no cumplan con el pago del bono y otra del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, quien dijo que las empresas no se quejaron de la intromisión del Estado cuando el Gobierno “las rescató” durante la pandemia.

“Las empresas dicen que lo del bono es una intromisión, pero no se las escucha decir que los créditos subsidiados son una intromisión. En 2020, tuvimos moratorias, baja de las tasas de interés, tarifas planchadas, vencimientos postergados y el Estado hasta pagó sueldos ¿Qué pasaba si el Estado no estaba? hubieran muerto 50.000 compañías. Acá los empresarios tenemos contradicciones. Cuando el Estado interviene y me ayuda a exportar y me subsidia la tasa para seguir produciendo, ahí no hay intromisión. Tenemos que ser coherentes: si en un momento me asistieron, hoy está la obligación de aportar porque esa ayuda nos la dio la gente a través del Estado”, afirmó en el marco de una conferencia para explicar las medidas para los sectores industriales y PyME del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso, anunciado por Massa.