Los responsables de Google y Yahoo en Argentina están preocupadísimos porque estas últimas semanas se toparon con algunas situaciones muy particulares.

Gracias a la forma arcaica de entender el mundo que tienen algunos funcionarios en el país, surgieron órdenes judiciales que prohíben a estos buscadores mostrar resultados sobre ciertas personas.

Si una 'famosa' chica de la TV se cansa de ver que al buscar su nombre en Internet aparecen en los resultados indecorosas fotos suyas -reales o photoshopeadas-, puede ir a un juzgado y pedir que tal o cual buscador no muestre resultados con su nombre. Ningún resultado: no importa cuáles son los legales y los ilegales.

No parece muy importante. El juez de ese dictamen probablemente no tenía demasiado claro que otras opciones tenía. Y al resto de los ciudadanos les parece tan irrelevante el caso de una chica televisiva, que ni piensan en la sentencia.

El problema grave viene ahora. A muchas personas les es muy útil hacerse imposible de encontrar en Internet -un medio que permite hallar información detallada y amplia no disponible en otro lugar- y, fundamentándose en estos casos, algunos políticos, jueces y funcionarios cuyos actos si interesan conocer, pidieron ser eliminados.

Cuando se busca a un diputado en Internet, no se lo hace para verlo con poca ropa, si no para saber qué está haciendo en el Congreso. Se busca a un juez para saber si está cumpliendo su trabajo de impartir Justicia, y a un funcionario para ver qué hace con los recursos de los contribuyentes.

Hacer que ciertos resultados no aparezcan en buscadores puede ser necesario, pero hacerlo brutamente es censura. Y esa censura, que primeramente parecía irrelevante, dio pie para que otras acciones judiciales nieguen el acceso a información que sí se necesita conocer.

Hoy, debido a un dictamen del juez federal Marcelo Eugenio Wathelet, cuando se busca "maría romilda servini de cubría" -la jueza que en su momento intentó censurar a Tato Bores- en Yahoo Argentina, no aparece resultado alguno.

Google tenía que tomar igual medida, pero apeló.

Internet es una fuente de información mucho más consultada que cualquier diario en papel o canal de televisión. Tener acceso a la información de Internet es un derecho.

Estas medidas son equivalentes a que se prohíba a un canal de televisión que de noticias sobre tal o cual funcionario.

Además, la forma errónea en que se dictaminaron sólo demuestra un gran desconocimiento sobre la tecnología, que no se le puede permitir a los dirigentes.

En Internet hay millones de sitios web, distribuidos por todo el mundo. Un buscador es como una guía telefónica en la cual uno formula lo que busca, y recibe como respuesta una serie de direcciones.

El buscador no es el que crea la información de los sitios web. Los sitios web, que podrían ser los que estén cometiendo un delito al publicar fotos ilegales, van a seguir allí a pesar de no aparecer en los resultados del buscador.

La solución real es denunciar a los sitios web ilegales y pedir colaboración a los buscadores, pero sin acusarlos, para que den de baja esos resultados puntuales, no todos.

Situaciones como la actual, de mayor o menor gravedad, se dan permanentemente por el desconocimiento generalizado que hay sobre la tecnología.

Jueces dan dictámenes incorrectos y legisladores escriben leyes incoherentes o imposibles de cumplir, porque no tienen idea de lo que están tratando.

Internet es una herramienta fundamental en todos los ámbitos, y por consiguiente es necesario legislar y poner orden al respecto.

Es urgente que se definan leyes sobre privacidad, datos personales y crímenes por Internet -temas en los que el país está atrasadísimo-, para que no existan estos huecos legales que permiten abusos.

Pero para que esas leyes no sean otra improvisación, se debe exigir que quiénes tienen el poder, avancen en el desarrollo de estas normas asesorándose y consultando ampliamente a expertos en la materia.

rodrigo@barber.com.ar