El matrimonio más poderoso de la Argentina, el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, dedicará buena parte de la transición hasta el 10 de diciembre a delinear las bases del "pacto social", ese entramado que todavía resta llenar de contenido, como en su momento ocurrió con la "concertación".

En el gobierno están convencidos de que consolidar una alianza entre el mundo del trabajo y el empresariado, con el Estado como garante y árbitro de los desequilibrios, será central para poner en caja al resto de las variables clave de la economía, en
especial la inquieta inflación.

La lectura que dejó la elección presidencial fue que la población ponderó los logros económicos de un país que creció 40 por ciento en los últimos cuatro años, logró reducir a la mitad los niveles de pobreza y fue capaz de volver a poner a la
producción en el lugar de política de Estado.

Por eso, buena parte de las primeras medidas que Cristina adoptará en sus primeros meses de gestión prestarán seguramente mucha atención al mandato del voto y no representarán grandes cambios en el rumbo económico.

Eso quiere decir que el dólar seguirá siendo alto, que las retenciones a las exportaciones continuarán aplicándose y, tal vez, se incrementen, que el Estado continuará interviniendo entre los actores económicos, como ocurre con los precios, y que se seguirán fomentando las exportaciones.

El gran objetivo es que empresarios y sindicalistas se pongan de acuerdo en un pacto social a mediano y largo plazo, que brinde un marco de contención para la suba de precios y costos de bienes y servicios.

El problema es que son varios los gremios que pretenden comenzar a discutir ya aumentos de salarios, porque consideran que los ingresos quedaron muy relegados por la inflación.

Uno de esos gremios es el de los Bancarios, cuyo secretario general, Juan José Zanola, prevé reclamar en los próximos días que los bancos se sienten a discutir ajustes salariales a la brevedad.

La gran mayoría de las agrupaciones sindicales apoyaron la candidatura de Cristina, pero no parecen dispuestas a bajarse de la discusión salarial.

Entre las cámaras empresarias también hay expectativa con el pacto social.

Desde la Unión Industrial Argentina ya avisaron que aspiran a un acuerdo que no sólo involucre precios y salarios, sino que siente las bases de un plan productivo de largo aliento.

En territorio bonaerense, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), cuyo presidente es Osvaldo Rial, viene trabajando desde antes de las elecciones con el gobernador electo, Daniel Scioli, para diseñar planes de fomento a la producción.

También apuestan al pacto social desde las cámaras de la Construcción y de Comercio, y en el mismo sentido se pronunció la Asociación Empresaria Argentina.

El tema también sobrevolará el Coloquio de IDEA que se realizará entre jueves y viernes en Mar del Plata.

IDEA mantuvo una relación fría con Kirchner durante sus cuatro años y medio de gestión, pero Cristina participó antes de las elecciones del último encuentro organizado por esta entidad que nuclea a las empresas que más facturan en la Argentina, lo cual revelaría un acercamiento.

Se espera también que Cristina introduzca "sintonía fina" en algunas variables que se relajaron en los últimos meses al compás del fragor electoral.

Una de ellas es el gasto público, que experimentó una fuerte alza en lo que va del año, muy por encima del crecimiento de la recaudación.

En los últimos meses, el gasto creció a un ritmo del 45 por ciento interanual, cuando la recaudación sube poco más del 30.

Pero hay otro dato que llama la atención: Kirchner supera con creces el gasto público de la época de Carlos Menem.

El gasto ahora está en torno al 24 por ciento del Producto Bruto, cuando en los 90 se ubicaba en el 21.

El impacto sobre las cuentas se disimula porque la recaudación es mucho mayor en la actualidad, por lo que hay superávit fiscal.

Pero como contrapartida la presión impositiva está en niveles récord, con nuevos tributos, como el del cheque y las retenciones a las exportaciones, que difícilmente sean eliminados.

La mayoría de los estudios económicos coinciden en que en setiembre se mantuvo el desborde del gasto (subió 45 por ciento) por las elecciones, con un festival de subsidios.

Como defensa, el gobierno argumenta con razón que se otorgaron fuertes aumentos a los jubilados y pensionados, una medida que encierra fundamentos éticos de sobra, pero poco se dice sobre el fuerte crecimiento del gasto en algunos ministerios, como el de
Planificación Federal.

Planificación arrancó con un presupuesto de 14.000 millones de pesos pero está cerrando el año por encima de los 20.000 millones.

Buena parte de este crecimiento se debe a que el gobierno debió luchar a brazo partido contra la crisis energética, y allí también estás contempladas fuertes erogaciones como los subsidios al transporte.

Cristina ya avisó que habrá una desaceleración del gasto público, una medida que ya habría comenzado a aplicar el gobierno para que impacte sobre los números del cuarto trimestre del año.

Como parte de esa estrategia se busca liberar a la presidenta electa una disponibilidad de fondos cercana a los 10.000 millones de pesos, vía achique del gasto y aumento de la recaudación, que le permita transitar sin apremios los primeros meses de gestión.

El "equipo económico"

Cuando se anunció la candidatura de Cristina, apenas tres meses antes de las presidenciales, la información que surgía de la Casa Rosada indicaba que un eventual desembarco de la primera dama borraría del mapa a la mayoría de los funcionarios.

Convertida en presidenta electa, queda la impresión de que al menos en la órbita económica Cristina casi no hará cambios de funcionarios.

Tanto el ministro de Economía, Miguel Peirano, como el presidente del Banco Central, Martín Redrado, aparecen asentados en sus puestos y son firmes candidatos a continuar.

Lo mismo ocurriría con la presidenta del Banco Nación, Gabriela Ciganotto, y su vice, Roberto Feletti, quien incluso podría ascender a otro cargo de mayor relieve.

En el INDEC, la presidenta electa buscará dotar de mayor jerarquía profesional a su condición, aunque por ahora el gobierno sigue dando pasos en falso, como el cese de más de una veintena de técnicos que, casualmente, habían denunciado la manipulación de
estadísticas en el organismo.

Hasta el propio De Vido apareció revalorizado en los últimos días, porque elogian su buena relación con los empresarios y la forma en que impidió que se instalara la crisis energética.

A esta altura, el único cambio que parecería dispuesta a hacer Cristina involucra al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero más por el estilo menos rústico que la presidenta pretende imprimir a su gobierno, ya que el matrimonio
Kirchner elogia la "eficiencia" del vehemente "barón de los precios".

Así, todo indica que Cristina intentará arrancar su gobierno sin hacer demasiadas olas en materia económica, y tal vez el único punto distintivo que se pueda esperar en esta primera etapa estará vinculado con la decisión de aplicar un aumento gradual de
tarifas, con aval del Congreso, durante el primer semestre del año.