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Protegen edificios construidos antes de 1941
29 de noviembre de 2010
La Legislatura porteña acordó prorrogar por un año la ley que protege de ser demolidos a los edificios construidos antes de 1941, luego de que organizaciones vecinales alertaran que podrían tirarse abajo varias construcciones con valor patrimonial.
El acuerdo político entre los bloques legislativos se alcanzó casi al mismo momento en que el Ejecutivo porteño autorizó la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, que precisamente son de antes de 1941.
La prórroga será para la ley N° 3.056, que fue promulgada en mayo del año pasado, pero que vence el próximo 31 de diciembre. Esa norma establece un procedimiento que, si bien no prohíbe las demoliciones, al menos dispone un mecanismo de control.
Si un particular quiere demoler un edificio, de cualquier año, debe pedirle al Gobierno porteño una autorización, y en la medida que los planos sean correctos, la Ciudad la otorga.
Pero, con los edificios construidos antes de 1941, el Gobierno está obligado a enviar esos pedidos de demolición al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo mixto conformado por el Ministerio de Cultura, la Legislatura y entidades especializadas como la Facultad de Arquitectura de la UBA o el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Cuando la CAAP recibe un pedido, debe evaluar si el edificio tiene o no valor patrimonial . En este sentido, estudian por ejemplo si tiene valor histórico, en qué área se encuentra, su estado de conservación original y su situación actual, entre otros parámetros.
De esta forma pueden autorizar la demolición o darle una protección preventiva hasta que la Legislatura porteña determine qué tipo de protección definitiva le da: cautelar (se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción), estructural (un grado mayor, sólo se permiten pequeñas reformas) o integral (no se lo puede tocar).
Aún con el CAAP en funcionamiento, se estima que fueron protegidos sólo un 15% del total de edificios con permiso de demolición pedido. Esto fue lo que pasó en el caso de La Imprenta y La Cuadra).
Para el sector de la construcción, si bien hubo algunas resistencias, la prórroga de la ley N° 3.056 parece razonable.
“Es preferible que se mantenga la ley y no que haya un vacío legal. Pero lo importante es que el Ejecutivo termine el catálogo, porque ahora la CAAP demora entre 30 y 45 días para emitir cada dictamen, y es mucho tiempo para el negocio de la construcción”, afirmó Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.
El acuerdo político entre los bloques legislativos se alcanzó casi al mismo momento en que el Ejecutivo porteño autorizó la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, que precisamente son de antes de 1941.
La prórroga será para la ley N° 3.056, que fue promulgada en mayo del año pasado, pero que vence el próximo 31 de diciembre. Esa norma establece un procedimiento que, si bien no prohíbe las demoliciones, al menos dispone un mecanismo de control.
Si un particular quiere demoler un edificio, de cualquier año, debe pedirle al Gobierno porteño una autorización, y en la medida que los planos sean correctos, la Ciudad la otorga.
Pero, con los edificios construidos antes de 1941, el Gobierno está obligado a enviar esos pedidos de demolición al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo mixto conformado por el Ministerio de Cultura, la Legislatura y entidades especializadas como la Facultad de Arquitectura de la UBA o el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Cuando la CAAP recibe un pedido, debe evaluar si el edificio tiene o no valor patrimonial . En este sentido, estudian por ejemplo si tiene valor histórico, en qué área se encuentra, su estado de conservación original y su situación actual, entre otros parámetros.
De esta forma pueden autorizar la demolición o darle una protección preventiva hasta que la Legislatura porteña determine qué tipo de protección definitiva le da: cautelar (se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción), estructural (un grado mayor, sólo se permiten pequeñas reformas) o integral (no se lo puede tocar).
Aún con el CAAP en funcionamiento, se estima que fueron protegidos sólo un 15% del total de edificios con permiso de demolición pedido. Esto fue lo que pasó en el caso de La Imprenta y La Cuadra).
Para el sector de la construcción, si bien hubo algunas resistencias, la prórroga de la ley N° 3.056 parece razonable.
“Es preferible que se mantenga la ley y no que haya un vacío legal. Pero lo importante es que el Ejecutivo termine el catálogo, porque ahora la CAAP demora entre 30 y 45 días para emitir cada dictamen, y es mucho tiempo para el negocio de la construcción”, afirmó Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.