La necesidad de solucionar el conflicto está provocando derrumbes y dejando sus huellas. El desabastecimiento, la impaciencia, los temores y los riesgos están integrando un cóctel difícil de digerir, pero que por el momento está dando más réditos para el sector agropecuario.

La espontánea reacción de la población de la Capital Federal y varios puntos del país dejó en evidencia que la protesta ya no se circunscribe a las rutas o la inactividad comercial rural. El campo ha logrado lo que pocos imaginaban: que vuelvan los fantasmas de diciembre de 2001. El Gobierno también se ha esforzado por hacer algo que pocos creían y que ni siquiera las entidades podían lograr: la unión de los productores y hasta de sectores vinculados en una misma causa.

Toda nace a partir de las propias ironías de los protagonistas del conflicto y no se sabe que derivaciones puede tener. El paro está al límite, por las consecuencias que acarrea una medida de esta naturaleza, es decir desabastecimiento de alimentos básicos.

Y en medio de situaciones extremas se escucha al Jefe de Gabinete que dice que los camioneros sólo pretenden cumplir con su tarea y que el sindicalista camionero que nunca cortaron rutas y que la Presidente de la Nación habla de piquetes de la abundancia. Todas frases muy pocos creíbles y que finalmente derivaron en nuevos reclamos.

La dureza del Gobierno y la firmeza de los productores no hacen predecir aún un final, aunque el clamor de quienes están en otras veredas del conflicto, pero que de alguna manera se ven rozados, es unánime para solucionar el diferendo.

Parece que la pulseada, que ya es más política que económica, aunque tiene más impacto económico que político, viene con ventaja para el campo, que hizo entender que como sucede en la ciudad en el sector agropecuario los estratos sociales y productivos no son todos iguales. Inclusive hasta el Gobierno entendió eso, al punto que dejaron ventilar la idea de crear una subsecretaría para pequeños productores, algo que la Federación Agraria viene reclamando hace meses y nunca fue atendida.

Pero el nudo sigue siendo las retenciones. Nadie puede estar satisfecho de ceder más del 40 % de lo que produce, aún sin saber qué destino tiene ese recurso y más todavía en manos de políticos.

Sí el campo admite un nivel de impuesto que no pase del 40 % para la soja o el girasol y que no supere el 30 para el trigo y el maíz. Son cifras que pueden acercar a las partes siempre que estén dispuestos a volver a sentarse en una misma mesa, algo que hoy no parece posible.

La solución estaría, en primera instancia, en retrotraer los valores de las retenciones a los niveles anteriores al sistema móvil, dicen en el campo, y para llegar a eso y poder negociar el futuro es preciso levantar los piquetes, dicen en el Gobierno. Ambos tiran de la soga sin saber que si se corta mal pueden afectarse vidas ajenas.