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Aumento en retenciones con mensaje político
7 de noviembre de 2007
El aumento en el índice de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, soja y aceites tiene varias lecturas, aunque la mayoría le dé un tinte económico. Es cierto que con este incremento el Gobierno consolida un superavit fiscal que venía en franco descenso, pero también comienza a quitarle peso político a decisiones complejas que debería tomar la próxima administración nacional, acumulando todo el desgaste que implica un nuevo enfrentamiento con un sector productivo.
La decisión del Gobierno además de tener implicancia económica, esconde un mensaje político que refuerza la línea de acción de la administración Kirchner sobre la producción agropecuaria, amparado en un contexto internacional que contiene el impacto negativo de este tipo de medidas, y que probablemente tenga una continuidad con la asunción de su esposa como máxima autoridad del Ejecutivo.
El colchón del campo resiste decisiones de este tenor sin que por ello explote en una rebelión. Es más, en el trigo casi ni se va a sentir, porque es más fuerte la intervención del Gobierno en este mercado “planchando” los precios de ese cereal muy por debajo de los valores internacionales, de tal modo que al productor ya le descuentan mucho más que ese 28 por ciento que acaban de aplicar de retenciones.
La soja tiene una cotización propia de su importancia de su doble propósito alimenticio y generador de energía, y el maíz fue al que menos le aplicaron aumentos, porque su rentabilidad es reducida.
De todos modos esto le cuesta al campo 1500 millones de dólares al año y no significa que las medidas que acaba de tomar el Gobierno sean correctas desde el punto de vista de la ortodoxia económica, porque los argumentos que aducen los funcionarios, tanto Alberto Fernández como Miguel Peirano, son de dudosa credibilidad. Quedó demostrado desde 2002, cuando comenzó a aplicarse nuevamente las retenciones al campo, que este sistema no permite mantener controlados los precios internos de los alimentos.
Para los analistas, al determinarse aumentos diferenciales, con mayores porcentajes para trigo y soja, el Gobierno ratificó un rumbo para el campo, que los propios productores se resisten a aceptarlo y es otro indicio de que la política hacia el sector no cambiarán mucho después del 10 de diciembre.
Paradójicamente, casi al mismo tiempo que se aumentaban las retenciones, las entidades de la cadena agroindustrial presentaban en Córdoba un modelo de simulación sobre el impacto positivo que tendría en la economía y en la sociedad la eliminación de las retenciones y el mismo día en el que se lanza en Buenos Aires una de las muestras más fuertes del campo: Expoagro 2008. Esta es una semana muy particular para el agro con coincidencias, o algo más; es difícil saberlo.
La reacción del sector agropecuario fue instantánea, como si estuviera preparando el golpe para responder y conscientes de lo que se venía. Pero hubo matices. La Federación Agraria ya tenía preparado como alternativa que los productores que produzcan hasta mil toneladas (en trigo, en condiciones normales y en zona núcleo, serían unas 300 hectáreas) reciban un reintegro, porque consideran que las retenciones afectan más a los productores pequeños y medianos. Este plan ya fue entregado al Gobierno aseguró el vicepresidente de la entidad, Pablo Orsolini.
El contrapunto fue el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, que en declaraciones públicas calificó como una avaricia fiscal esta medida, que potencialmente le rendiría 1500 millones de dólares adicionales en 2008. En este tenor piensa la mayoría de los dirigentes del sector.
Otra pulseada se ha establecido con resultado incierto sobre la incidencia que tendrá este anuncio del Gobierno sobre la incidencia en la campaña agrícola, aunque la de este año está prácticamente definida. Esto hace pensar que detrás de la decisión del Gobierno hay mucho más que una decisión económica.
La decisión del Gobierno además de tener implicancia económica, esconde un mensaje político que refuerza la línea de acción de la administración Kirchner sobre la producción agropecuaria, amparado en un contexto internacional que contiene el impacto negativo de este tipo de medidas, y que probablemente tenga una continuidad con la asunción de su esposa como máxima autoridad del Ejecutivo.
El colchón del campo resiste decisiones de este tenor sin que por ello explote en una rebelión. Es más, en el trigo casi ni se va a sentir, porque es más fuerte la intervención del Gobierno en este mercado “planchando” los precios de ese cereal muy por debajo de los valores internacionales, de tal modo que al productor ya le descuentan mucho más que ese 28 por ciento que acaban de aplicar de retenciones.
La soja tiene una cotización propia de su importancia de su doble propósito alimenticio y generador de energía, y el maíz fue al que menos le aplicaron aumentos, porque su rentabilidad es reducida.
De todos modos esto le cuesta al campo 1500 millones de dólares al año y no significa que las medidas que acaba de tomar el Gobierno sean correctas desde el punto de vista de la ortodoxia económica, porque los argumentos que aducen los funcionarios, tanto Alberto Fernández como Miguel Peirano, son de dudosa credibilidad. Quedó demostrado desde 2002, cuando comenzó a aplicarse nuevamente las retenciones al campo, que este sistema no permite mantener controlados los precios internos de los alimentos.
Para los analistas, al determinarse aumentos diferenciales, con mayores porcentajes para trigo y soja, el Gobierno ratificó un rumbo para el campo, que los propios productores se resisten a aceptarlo y es otro indicio de que la política hacia el sector no cambiarán mucho después del 10 de diciembre.
Paradójicamente, casi al mismo tiempo que se aumentaban las retenciones, las entidades de la cadena agroindustrial presentaban en Córdoba un modelo de simulación sobre el impacto positivo que tendría en la economía y en la sociedad la eliminación de las retenciones y el mismo día en el que se lanza en Buenos Aires una de las muestras más fuertes del campo: Expoagro 2008. Esta es una semana muy particular para el agro con coincidencias, o algo más; es difícil saberlo.
La reacción del sector agropecuario fue instantánea, como si estuviera preparando el golpe para responder y conscientes de lo que se venía. Pero hubo matices. La Federación Agraria ya tenía preparado como alternativa que los productores que produzcan hasta mil toneladas (en trigo, en condiciones normales y en zona núcleo, serían unas 300 hectáreas) reciban un reintegro, porque consideran que las retenciones afectan más a los productores pequeños y medianos. Este plan ya fue entregado al Gobierno aseguró el vicepresidente de la entidad, Pablo Orsolini.
El contrapunto fue el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, que en declaraciones públicas calificó como una avaricia fiscal esta medida, que potencialmente le rendiría 1500 millones de dólares adicionales en 2008. En este tenor piensa la mayoría de los dirigentes del sector.
Otra pulseada se ha establecido con resultado incierto sobre la incidencia que tendrá este anuncio del Gobierno sobre la incidencia en la campaña agrícola, aunque la de este año está prácticamente definida. Esto hace pensar que detrás de la decisión del Gobierno hay mucho más que una decisión económica.