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Sinceremos el debate, por Jorge O'Reilly, de Eidico
30 de agosto de 2010
Hace unos días, Asteriscos.Tv se hizo eco de un cruce de opiniones que se realizó en el marco del segundo Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias y que tuvo como protagonistas a quien suscribe y a Eduardo Gutiérrez, presidente del Grupo Farallón. En rigor yo no estuve presente cuando habló Eduardo, por lo cual no me constan los dichos que se le adjudican.
Además de desarrollador, Eduardo es un hábil político. Y, como tal, no le escapa a la polémica cuando quiere instalar debates sobre determinados temas. Pero también es un amigo, y por eso ya lo llamé para que nos juntemos a comer y a discutir sobre estos asuntos.
No obstante lo anterior, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las declaraciones que, siempre según lo consignado en este medio, habría realizado Gutiérrez, a fin de aclarar algunas cuestiones frente a los lectores.
Organizarse en cámaras forma parte de la libertad de asociarse con fines útiles que aún subsiste en nuestro país. Y dentro de ese derecho está el de admitir o rechazar nuevos socios. Cuando Gutiérrez sostiene que se nos negó el ingreso a la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos porque no somos desarrolladores, lo que yo me pregunto es qué somos entonces; cómo debe ser categorizada una empresa que ha desarrollado 25 mil unidades en el país, con inversiones que suponen centenares de millones de dólares. Me pregunto si no habrá que buscar los verdaderos motivos en una incompatibilidad entre los intereses que persiguen las compañías que integran la cámara y los nuestros.
En esta necesidad de sincerar el debate y de llamar a las cosas por su nombre, hay que resaltar que existe una sola diferencia esencial entre un sistema de desarrollo tradicional y el sistema de consorcio al costo: el origen del capital. En el primero lo pone el empresario capitalista, con todo lo que ello supone, mientras que en el segundo surge de la suma de muchos pequeños inversores que se juntan para lograr un producto que no podrían alcanzar de manera individual.
En Eidico sostenemos que el derecho ya enunciado de “asociarse con fines útiles” también ampara esta modalidad cooperativa de desarrollo.
Gutiérrez también habría deslizado que Eidico no se apega a la legislación en lo que hace a las aprobaciones y pago de impuestos. En primer lugar, resulta indefendible querer asociar la tenencia o falta de permisos a un determinado sistema de desarrollo. Lo mismo en términos impositivos. En uno y otro sistema hay quienes cumplen y quienes actúan de manera irresponsable. En el desarrollo tradicional, es el inversor quien tiene que llevar adelante los trámites por su cuenta y riesgo, mientras que en el consorcio al costo la responsabilidad recae sobre el conjunto de propietarios que, en nuestro caso, son representados por Eidico. En ese sentido, vale aclarar que no hay ningún emprendimiento que se haya autorizado y subdividido sin haber cumplido con las normas correspondientes.
Ahora, si lo que se está reclamando es una adecuación de la legislación vigente, entonces bienvenido el debate, porque hay mucho por mejorar.
Lo que no puede soslayarse en este debate es el enorme desarrollo que se ha logrado a través de este sistema. Desarrollo en términos de empleo, acceso a la vivienda, progreso de proveedores y otros factores que empujan fuerte la economía.
Si, como dice Gutiérrez, el sistema ha generado mucho dolor y sufrimiento a las familias que confiaron, ¿cómo es entonces que ha crecido tanto? El volumen desarrollado habla por sí solo de la aceptación y conveniencia que ha cosechado en estos quince años.
Insisto, una vez más, en la necesidad de sincerar el debate. El sistema cooperativo permite acceder a productos inmobiliarios a valores sensiblemente más bajos que los creados por el sistema tradicional, lo cual obliga en algunos casos a achicar los márgenes de rentabilidad empresaria. ¿No será ésa la verdadera razón de que se lo ataque?
Jorge O'Reilly es Socio Director de Eidico.
Además de desarrollador, Eduardo es un hábil político. Y, como tal, no le escapa a la polémica cuando quiere instalar debates sobre determinados temas. Pero también es un amigo, y por eso ya lo llamé para que nos juntemos a comer y a discutir sobre estos asuntos.
No obstante lo anterior, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las declaraciones que, siempre según lo consignado en este medio, habría realizado Gutiérrez, a fin de aclarar algunas cuestiones frente a los lectores.
Organizarse en cámaras forma parte de la libertad de asociarse con fines útiles que aún subsiste en nuestro país. Y dentro de ese derecho está el de admitir o rechazar nuevos socios. Cuando Gutiérrez sostiene que se nos negó el ingreso a la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos porque no somos desarrolladores, lo que yo me pregunto es qué somos entonces; cómo debe ser categorizada una empresa que ha desarrollado 25 mil unidades en el país, con inversiones que suponen centenares de millones de dólares. Me pregunto si no habrá que buscar los verdaderos motivos en una incompatibilidad entre los intereses que persiguen las compañías que integran la cámara y los nuestros.
En esta necesidad de sincerar el debate y de llamar a las cosas por su nombre, hay que resaltar que existe una sola diferencia esencial entre un sistema de desarrollo tradicional y el sistema de consorcio al costo: el origen del capital. En el primero lo pone el empresario capitalista, con todo lo que ello supone, mientras que en el segundo surge de la suma de muchos pequeños inversores que se juntan para lograr un producto que no podrían alcanzar de manera individual.
En Eidico sostenemos que el derecho ya enunciado de “asociarse con fines útiles” también ampara esta modalidad cooperativa de desarrollo.
Gutiérrez también habría deslizado que Eidico no se apega a la legislación en lo que hace a las aprobaciones y pago de impuestos. En primer lugar, resulta indefendible querer asociar la tenencia o falta de permisos a un determinado sistema de desarrollo. Lo mismo en términos impositivos. En uno y otro sistema hay quienes cumplen y quienes actúan de manera irresponsable. En el desarrollo tradicional, es el inversor quien tiene que llevar adelante los trámites por su cuenta y riesgo, mientras que en el consorcio al costo la responsabilidad recae sobre el conjunto de propietarios que, en nuestro caso, son representados por Eidico. En ese sentido, vale aclarar que no hay ningún emprendimiento que se haya autorizado y subdividido sin haber cumplido con las normas correspondientes.
Ahora, si lo que se está reclamando es una adecuación de la legislación vigente, entonces bienvenido el debate, porque hay mucho por mejorar.
Lo que no puede soslayarse en este debate es el enorme desarrollo que se ha logrado a través de este sistema. Desarrollo en términos de empleo, acceso a la vivienda, progreso de proveedores y otros factores que empujan fuerte la economía.
Si, como dice Gutiérrez, el sistema ha generado mucho dolor y sufrimiento a las familias que confiaron, ¿cómo es entonces que ha crecido tanto? El volumen desarrollado habla por sí solo de la aceptación y conveniencia que ha cosechado en estos quince años.
Insisto, una vez más, en la necesidad de sincerar el debate. El sistema cooperativo permite acceder a productos inmobiliarios a valores sensiblemente más bajos que los creados por el sistema tradicional, lo cual obliga en algunos casos a achicar los márgenes de rentabilidad empresaria. ¿No será ésa la verdadera razón de que se lo ataque?
Jorge O'Reilly es Socio Director de Eidico.