El Gobierno salió a apagar posibles focos de incendio para diciembre a un costo fiscal muy alto, lo cual abre más interrogantes sobre la posibilidad de reducir el déficit, un paso clave para atraer inversiones en un 2017 electoral.

Decenas de miles de millones de pesos fueron resignados en pocas horas para calmar a organizaciones piqueteras, partidos de la oposición y gremios, entre otros actores cada vez más fuertes del escenario político.

A fuerza de esa enorme billetera, la administración de Mauricio Macri logró torcer lo que aparecía como un fin de año cargado de protestas, luego de la demostración de fuerza de la marcha al Congreso para exigir la ley de Emergencia Social avalada por la CGT. Pero la estrategia no sólo complica el plan económico de atraer inversiones sino que puede convertirse en un arma de doble filo, al tentar a las fuerzas de la oposición a acostumbrarse a esa dinámica de insinuar reclamos a cambio de fondos.

En el caso de los planes sociales, el gobierno se comprometió a reasignar partidas por unos 30.000 millones de pesos hasta 2019, aunque no aclaró cuáles serán las áreas afectadas que recibirán menores recursos.

En el de los gremios, como parte del acuerdo con la CGT, y de la normalización del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el Gobierno amplió en $1.784 millones la transferencia de fondos a las obras sociales por las prestaciones de alto costo que brindan.

El desembolso de fondos ante la presión de distintos sectores no termina allí.

El gobierno elaboró a las apuradas un proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que tendría un costo fiscal rumbo a los 30.000 millones de pesos.

Esa iniciativa, junto a otras, será debatida el 6 de diciembre próximo en sesiones extraordinarias.

El objetivo oficial fue impedir pagar el costo político de que se aprobara el proyecto de la oposición liderada por Sergio Massa, cuya relación con Macri es fluctuante, como quedó demostrado tras el ´Affaire Lavagna´.

En secreto, Macri convocó al exministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner para consultarle su mirada sobre la economía.

Lavagna fue muy crítico y recomendó cambios, como una mayor apreciación del dólar y una disminución más acelerada de la tasa de interés.

El presidente no tomó nota de las sugerencias y eso explicaría la decisión de Lavagna de salir con fuerte críticas a viva voz.

Lo que más molestó a Macri fue la comparación que hizo el exministro con la economía durante la última dictadura y los 90, y el vaticinio de que este modelo termina en "colapso".

El paso de Lavagna por la administración pública tuvo un resultado airoso, pero el macrismo recuerda, no sin cierta malicia, que cuando le tocó ponerse al frente del Ministerio de Economía, su antecesor, Jorge Remes Lenicov, ya había hecho casi todo el ajuste, incluida la salida de la Convertibilidad.

Así, a Lavagna le tocó disfrutar de una época de fuerte crecimiento, de la mano del dólar competitivo y el auge de los commodities, en especial de la soja.

El ministro pudo así cumplir sin problemas con la histórica decisión de Néstor Kirchner de cancelar la deuda con el FMI en una sola operación, para desligarse de la presión del organismo multilateral, entre otros logros.

También pudo mostrar un crecimiento pocas veces visto en la economía argentina, con fuerte aliento al consumo.

Desde su paso por la cartera de Economía, Lavagna se convirtió en una fuente de consulta casi permanente para todos los políticos, y hasta fue candidato presidencial en el 2007 -en alianza con el radicalismo-, cuando ganó su primer mandato Cristina Fernández.

Con esos pergaminos, Macri decidió consultarlo, a pesar de que Lavagna tiene una relación muy mala con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

Tal vez el presidente se esté ahora arrepintiendo de haberlo convocado, aunque la movida será defendida en el marco del diálogo a prueba de balas del que se hace gala el macrismo.

El costo de ese "diálogo" es cada vez mayor y genera incertidumbre también sobre un flanco importante del plan económico: el costo del financiamiento.

Para prestar, los acreedores miran permanentemente la evolución del déficit fiscal, que en los últimos meses no para de subir.

Ese indicador es una variante técnica relevante sobre la capacidad de pagar las deudas que tendrá un país como la Argentina, que en el 2001 declaró la cesación de pagos más grande de la historia.

En octubre se disparó el déficit fiscal con un aumento del 336%: pasó de un rojo de $ 17.762 millones, a un desequilibrio de $ 77.500 millones.

Con esos números volvió a trepar el desequilibrio acumulado en lo que va del año.

En los 10 primeros meses el resultado fiscal fue negativo en $ 429.967 millones, sin contar las transferencias del Banco Central y de la ANSeS.

Representa un incremento del 67,8% con relación a igual período de 2015.

Encima, las transferencias del Banco Central aumentaron un 81,2% y las de la ANSeS 53,3%.

A esto se suma que la actividad se derrumbó 3,7% en septiembre, un dato que refleja la magnitud de una recesión que no termina de revertirse más allá de los augurios oficiales.

Al cerrar la concurrida Conferencia Industrial de la UIA, Macri admitió que "endeudarse permanentemente para sostener un déficit fiscal es muy malo, como la inflación" y prometió "decir qué vamos a recortar".

Dijo que esa es la discusión que comienza en 2017 porque es necesario tener fortaleza interior y "no estar sujetos a los cambios que suceden en el mundo".

El problema es que la discusión sobre los recortes que promete encarar se daría en un año electoral, y el mundo financiero se empieza a preguntar si un gobierno que cedió tantos recursos ante las presiones en su primer año, será capaz de poner freno al aluvión de demandas cuando están las elecciones por delante.