El ajuste de tarifas despierta cada vez más recelo en vastos sectores sociales, pero el gobierno lo considera clave para avanzar en su plan económico y parece dispuesto a ir a fondo con la medida más allá del costo político que supone. Los ultramacristas sostienen no solo que fue el presidente Mauricio Macri, y no tanto su ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien quiso ir a fondo con la "recomposición tarifaria".

Piden defender a rajatabla el ajuste en las boletas, porque de lo contrario será imposible cambiar la ecuación energética para que regresen las inversiones.

Con algún dejo de ironía, hasta señalan que si no fuera por el aumento de tarifas, el kirchnerismo, cada vez más envalentonado en las calles por el retorno de Cristina Fernández a sus apariciones en actos militantes, no tendría argumentos para atacar al gobierno.

Recuerdan también que Cristina intentó subir las tarifas de gas en el 2011, pero cuando olfateó el rechazo popular dio enseguida marcha atrás porque temió ver en peligro su proyecto de reelección, y encima se le abrió un frente de conflicto en el exterior por la deuda, que este gobierno resolvió, aunque a un costo alto.

Ni tanto, ni tan poco. Es cierto que Cristina buscó hacer "sintonía fina" cuando vio que ni siquiera su gobierno compulsivamente emisor de moneda podía con semejante escalada en los subsidios.

Pero los aumentos de aquel momento lejos estaban del tarifazo aplicado en la actualidad y sin anestesia, que impacta a pleno en la línea de flotación del aparato productivo, con facturas que han pasado de 100 mil a 600 mil pesos -por dar ejemplos hechos públicos- en muchas pymes y comercios. "No pueden subir las tarifas de golpe y el salario en cuotas", golpea la exjefa de Estado cada vez que puede.

Pero incluso una aliada de toda la gestión K como la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, reconoce ahora que la expresidenta debió "subir el gas", aunque que fuese en distintas etapas, para evitar a situación de colapso energético que se atraviesa ante la falta de inversiones y los cuantiosos fondos destinados a importar gas licuado.

El impacto de las tarifas de gas ha generado un fuerte rechazo en Tierra del Fuego y otras zonas que soportan un frío paralizante, pero también vastos sectores del país. Con cada dirigente que se habla la lectura surge similar: "Entendemos que el ajuste era necesario, pero lo que nunca imaginamos es que iba a ser una corrección tan brusca".

Juan José Aranguren hizo una presentación dura ante el Congreso, negó su renuncia y desafió: "A mí me puso y me saca el presidente".

El ministro defendió la decisión de aumentar entre 400 y 500 por ciento la tarifa de gas.

Pero políticamente -y con dos ´ruidazos´ ya realizados, y un tercero que aparecerá en cualquier momento- el escenario se parece cada vez más a un tembladeral.

Tal vez por eso Aranguren hizo un fuerte pedido a la Corte Suprema de Justicia para que liquide los amparos contra los ajustes y usó el argumento de que de lo contrario "los pobres seguirán subsidiando a los ricos".

Se refería a los desbordes de consumo que sectores acomodados de las áreas metropolitanas venían manteniendo, derrochando la energía que la Argentina necesitaba para insinuar algún intento de caminar hacia el desarrollo.

En esta encrucijada, la única salida que parece tener el gobierno es un fallo providencial y contundente de la Corte Suprema avalando los tarifazos.

Habrá que ver si los jueces del máximo tribunal están dispuestos a cargar, ellos también, con ese costo político.