Mauricio Macri siguió con preocupación primero desde Europa, y luego desde Estados Unidos, el derrotero del ajuste de tarifas que puede terminar en la Corte Suprema de Justicia. Fue informado por su ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien continúa teniendo respaldo oficial a pesar de haberse convertido en la figura más impopular del gabinete.

El jueves por la noche, el diagnóstico empezó a ser sombrío: existe riesgo de que el ajuste de tarifas, presentado como la única forma de volver a poner a la Argentina rumbo al autoabasteciiento energético, no sólo está minando parte de la popularidad presidencial, sino que corre riesgo de quedar desactivado por la Justicia.

Por eso, el ministro Germán Garavano inició una operación de pinzas sobre la Corte Suprema de Justicia para que más temprano que tarde acepte el per saltum solicitado por el gobierno y, si se puede en tiempo récord, defina la legalidad de ajuste de tarifas.

El problema sería que a algunos integrantes del alto tribunal les empezó a sonar desprolijo y poco claro el aumento tarifario.

No se explican, por ejemplo, cómo si el gobierno dijo que habría un límite del 400% de ajuste para los hogares, en algunas viviendas la boleta de gas se haya multiplicado por diez.

Facturas que venían a $500 pasaron de un año a otro a $5.000, mientras departamentos de apenas dos ambientes están recibiendo cuentas que llegan, en ciertos casos, a $10.000.

Todo esto combinado con uno de los ajustes más fuertes en la economía argentina desde el 2001, cuando todo terminó en caos.

Aranguren sabe que su futuro quedó en manos del máximo tribunal y, si bien valora el respaldo del presidente, está convencido de que si el tarifazo no prospera en la Justicia, sus días en el gobierno están contados.

El fallo de una Cámara Federal de La Plata, que avanzó más y rácticamente nacionalizó el freno a los ajustes tarifarios, fue un golpe duro para la estrategia oficial.

Al Gobierno lo tomó por sorpresa la contundencia del fallo: la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró la "nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación" y dijo que se "retrotrae la situación tarifaria a la existente previamente".

El Gobierno presentará un recurso extraordinario ante esa Cámara para apelar el fallo y, si no tiene éxito, planea recurrir a la Corte Suprema con un recurso de "queja".

En el gobierno saben que esa cámara está integrada por jueces que no simpatizan con el ideario de Cambiemos, sino todo lo contrario.

El abogado Eduardo Barcesat, un acérrimo crítico del macrismo y quien se considera en la misma línea ideológica que los integrantes de esa cámara platense, admitió que al tribunal no le quedará otra que aceptar la apelación.

Esto quiere decir que aquellos que se ilusionaban con la posibilidad de no pagar las facturas, deberían pensarlo dos veces.

Distinto es qué ocurrirá con la cuestión de fondo, que todo indica deberá ser resuelta por la Corte Suprema.

Pero admiten también que la estrategia de ajustes tarifarios tuvo deficiencias de aplicación, incumplió con reglas básicas como las siempre simbólicas convocatorias a audiencias públicas y careció de una prolija y convincente campaña de comunicación.

Otros en la Casa Rosada reconocen que ante la magnitud del tarifazo no hubiese resistido estrategia alguna de marketing, pero todo indica que ahora ya es tarde para lágrimas, y que el gobierno deberá ponerle velas a la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, siempre proclive a apostar a la paz institucional.

El mal cierre de la Semana del Bicentenario de la Independencia opacó algunos de los logros obtenidos por Macri durante su gira por Europa, donde fue recibido por figuras del calibre de la alemana Angela Merkel como uno de los principales líderes emergentes en Sudamérica.

También le llegaron elogios de los Estados Unidos, por ejemplo en la concurrida recepción brindada por el embajador norteamericano Noah Mamet en el Palacio San Miguel, donde el elenco ministerial tuvo asistencia casi perfecta.

Macri trató de capitalizar el respaldo internacional y trasladarlo al escenario político doméstico.

Lejos de un ambiente que empieza a volverse espeso en la Argentina, el presidente consideró que la gente "comprendió" la necesidad de aumentar las tarifas de gas y luz.

"Es increíble cómo nos acompaña en el esfuerzo por volver a crecer", dijo el jefe de Estado.

Pero esos supuestos respaldos son a plazo fijo, apenas compensado ahora por la corrupción deslidada por el régimen kirchnerista, cuyos máximos jerarcas desfilan a diario por los tribunales.

Esa adhesión al aire fresco que pudo significar Macri tiene como fecha de vencimiento el día en que la clase media no pueda llegar a fin de mes, asfixiada por la inflación, los ajustes de tarifas, la disparada de los servicios y, tal vez en el verano, la imposibilidad de darse ciertos gustos vacacionales que seguramente este año deberán mutar por destinos más austeros.

Macri le pide a la gente un "esfuerzo para volver a crecer", pero otra vez choca contra una realidad angustiante.

Crece el descontento entre los asalariados por el fuerte impacto que tuvo el impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo de junio, en especial entre los jóvenes solteros, tal vez donde caló más hondo el ideario kirchnerista de la última década.

A muchos, la enorme presión impositiva les licuó prácticamente todo el esfuerzo que habían hecho en el semestre, haciendo horas extras o tareas adicionales.

Es un impuestazo que va a contramano de la idea de esforzarse más para lograr el progreso, y un problema cuyo impacto político el jefe de la AFIP, Alberto Abad, no le supo advertir al presidente.

Macri está convencido de que existe un fuerte acompañamiento de la gente y hasta considera que el blanqueo de capitales puede llegar a 30.000 millones de dólares a fin de año, y que durante su gestión arribarán unos 100.000 millones.

La duda es si los pasos en falso que viene dando su administración no terminarán esmerilando rápido ese supuesto respaldo y hasta la esperada algarabía inversora.