Se espera un verano muy caliente en la Argentina, y no precisamente por las altas temperaturas, ya que la Corte Suprema de Justicia se dispone a cerrar, despertando polémica, una de las páginas más negras de la historia económica del país: la
pesificación y confiscación de depósitos de miles de argentinos.

En el Palacio de Tribunales hay versiones de todo tipo, pero el ruido más fuerte señala que en la última semana del año el máximo tribunal avalará la pesificación aplicada por el gobierno de Eduardo Duhalde en un país en llamas, y buscará dar por
cerrada una de las peores crisis financieras que soportó el país.

Será pocos días después de que Néstor Kirchner promulgue la ley que su esposa Cristina Fernández impulsó en el Congreso, por la cual se vuelve a reducir a cinco, en forma paulatina a medida que dejen vacantes, el número de jueces que integran la Corte.

Esto permitirá obtener con facilidad la mayoría necesaria para sacar este decisivo fallo adelante.

La Corte, se especula, considerará "abstracto" el planteo de inconstitucionalidad de la pesificación y el corralito, al pronunciarse en unas 50 mil causas que deambulan por los pasillos de Tribunales.

Argumentará que existe similitud en la cotización actual del dólar con la pesificación a 1,40 peso más CER, más un interés de 2 por ciento, dispuesta por el entonces ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, quien tras hacer el "trabajo sucio" debió dejar en abril del 2002 su lugar a un Roberto Lavagna, que timoneó el resucitamiento económico de la Argentina y buscará sacar rédito en las urnas de esa situación.

Por las dudas, para que a los bancos no se les ocurra lanzar una demanda inversa para recuperar los amparos que debieron conceder en su momento a valor dólar, la Corte aplicaría una "solución final", que consistiría en elevar ese interés hasta
asegurarse que sea imposible seguir con los reclamos.

Según diversos estudios actuariales, los amparos se concedieron a un valor que en la actualidad arrojaría un dólar de 2,86 pesos, muy cerca del 3,08 que cotiza en diciembre, y la Corte quiere no dejar dudas también en esta espinosa cuestión.

Por eso, se estima podría subir por encima del 2 por ciento esa tasa, de tal forma que la ecuación cerraría sin reclamos para ninguna de las partes.

Así, el máximo tribunal intentaría imponer una complicada solución "salomónica" a uno de los casos que motivó un aluvión récord de demandas en la Argentina.

Al gobierno le vendrá bien esa decisión, porque le permitirá arrancar el año electoral con uno de los principales litigios judiciales resuelto, aunque deberá estar atento a los "cacerolazos" que, se espera, inundarán la city porteña en enero
si finalmente el fallo sale como se prevé.

Un informe que baraja Presidencia destaca que las protestas ante las entidades financieras experimentaron un pronunciado retroceso este año, aunque persiste un núcleo de reclamo que se sigue haciendo sentir.

También se espera que los ahorristas liderados por el actor cómico Nito Artaza convoquen a marchas en el verano si este fallo sale, algunas de las cuales podrían producirse en la costa atlántica.

En los bancos siguen el tema con mucha atención: Mario Vicens, jefe de las entidades extranjeras, admitió expectativa por el fallo de la Corte.

Y elogió iniciativas que a nivel del Congreso "tienden a superar los estados de emergencia y de excepción que se pusieron en marcha en el marco de la crisis".

"La última ley que se aprobó para las ejecuciones hipotecarias refleja, a nuestro juicio, un avance en la medida que limita los estados de excepción a quienes tienen un problema y abandona los tratamientos de carácter general que caracterizaron los últimos tres años y que afectaban a todo el mercado sin ninguna necesidad", elogió Vicens.

Pero tal vez lo que no caiga muy bien entre las entidades financieras es que varios jueces de la Corte estudian que los costos judiciales de haber litigado para hacerse con ahorros en dólares no recaigan sobre los particulares, sino que los paguen
los propios bancos.

Igual, parece una compensación fácil de afrontar para unsistema financiero que recuperó con creces el nivel precrisis, no sólo recuperando depósitos, sino volviendo a poner en agenda planes de apertura de sucursales e inversiones.
.
Economía a todo vapor.
.
La economía argentina se encamina a crecer al 9 por ciento por cuarto año consecutivo, y a esto se suman cinco años de superávit comercial y otros cuatro de saldo positivo en las cuentas públicas.

Es el escenario más favorable de los últimos cincuenta años, y con la ventaja de que encuentra a un gobierno consolidado institucionalmente y un sector externo que promete continuar la "fiesta".

China seguirá demandando del complejo sojero el año próximo, con el "detalle" de que la tonelada de soja ya se ubica en 640 pesos.

La exportación de esa oleaginosa alcanzó un ingreso récord de 4.100 millones de dólares entre enero y octubre de este año, siendo determinante a la hora de explicar el superávit fiscal.

Un informe de la CEPAL consignó que la Argentina será la economía latinoamericana de mayor crecimiento en el 2007.

Sin embargo, entre tanto dato favorable, comenzaron a colarse más temores sobre la situación energética.

Sólo una jugada de anticipación, y algo de suerte, impidió que se generalizaran los apagones en los últimos días.

En el Ministerio de Planificación fueron alertados de que se venía una ola de calor sostenido y tomaron dos medidas clave: exigieron a los técnicos de Atucha I anticipar la puesta en marcha de la central tras su reparación y "hablaron" con las industrias de mayor consumo para que levantaran el pie del acelerador en sus
planes de producción por algunos días.

En el gobierno tienen un listado de los 10 grandes usuarios de energía eléctrica del país, que encabezan las siderúrgicas, con las cuales el diálogo es excelente, y por ello no hubo inconvenientes en atender este pedido.

Pero igual hubo cortes en algunos barrios de la Capital y una curiosa
"inestabilidad" de tensión en otros puntos porteños y del conurbano.

El gobierno dice tener la situación controlada pero también apura todo lo posible los planes de inversión.

Esas iniciativas dependen de una medida antipática pero a esta altura necesaria que el gobierno blanquearía en marzo próximo: autorizaría aumentos de tarifas para usuarios grandes y medianos en la mayoría de las concesiones de electricidad.