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Pantalones y sotanas
6 de octubre de 2006
En la Casa Rosada hay pocos términos medios. El presidente Néstor Kirchner se crispa ante cualquier foco opositor, cualquiera sea el lugar de procedencia, tenga pantalones o sotanas, uniforme o trajes de calle.
El último episodio de fricciones no debe leerse sólo como una reacción espasmódica por la activa participación de la Iglesia Católica en el espacio opositora a la reforma constitucional reeleccionista que promueve el gobernador misionero Carlos Rovira.
Kirchner acompaña a los dirigentes que le han sido fieles desde el principio pero no juega partidos chicos.
La pulseada pública con la Iglesia arrancó temprano en el gobierno de Kirchner. El primer 25 de mayo luego de la asunción eligió visitar Santiago del Estero para no cruzarse con las ascendentes críticas del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.
La Iglesia había recurrido a sus habituales críticas sobre la situación social y de pobreza en la Argentina con cargos endosados a la clase política por los niveles “escandalosos de desigualdad”.
Kirchner no tuvo entonces problemas en recordar complicidades de religiosos con la dictadura: “Confesaban a torturadores y no estaban cuando desaparecían chicos”. Los implícitos no entran en el diccionario del jefe de Estado.
Una larga cadena de cruces pueden anotarse desde entonces.
El nombramiento de Carmen Argibay y su postura de despenalizar el aborto; la polémica con el entonces obispo castrense Antonio Baseotto y su deleite por frases bíblicas que proponen arrojar al mar a los “escandalosos”; las réplicas y contrarréplicas por los alertas episcopales sobre corrupción, pobreza, inequidad,
hasta las poco felices consideraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández comparando las posiciones de religiosos con la instalación de “unidades básicas”.
Puede ser hoy el sacerdote Joaquin Piña por su posición en Misiones; el vocero del episcopado Guillermo Marcó, o el propio Bergoglio el destinatario de la ira presidencial.
No debe ser una cuestión personal que se dirimiría en otros terrenos. Hay una mirada de posición corporativa sobre la postura de la Iglesia que la coloca en la vereda de enfrente cuando se trata de una mirada simplificadora de “a favor o en contra”.
Con el avance del proyecto de educación sexual en las escuelas y la posibilidad de una reforma constitucional que se alienta desde la Casa Rosada, podrían exacerbarse aún más los enconos.
Un sector del Gobierno alienta desde hace tiempo que la separación Iglesia-Estado sea explícita y quede establecida en letras de molde.
El último episodio de fricciones no debe leerse sólo como una reacción espasmódica por la activa participación de la Iglesia Católica en el espacio opositora a la reforma constitucional reeleccionista que promueve el gobernador misionero Carlos Rovira.
Kirchner acompaña a los dirigentes que le han sido fieles desde el principio pero no juega partidos chicos.
La pulseada pública con la Iglesia arrancó temprano en el gobierno de Kirchner. El primer 25 de mayo luego de la asunción eligió visitar Santiago del Estero para no cruzarse con las ascendentes críticas del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.
La Iglesia había recurrido a sus habituales críticas sobre la situación social y de pobreza en la Argentina con cargos endosados a la clase política por los niveles “escandalosos de desigualdad”.
Kirchner no tuvo entonces problemas en recordar complicidades de religiosos con la dictadura: “Confesaban a torturadores y no estaban cuando desaparecían chicos”. Los implícitos no entran en el diccionario del jefe de Estado.
Una larga cadena de cruces pueden anotarse desde entonces.
El nombramiento de Carmen Argibay y su postura de despenalizar el aborto; la polémica con el entonces obispo castrense Antonio Baseotto y su deleite por frases bíblicas que proponen arrojar al mar a los “escandalosos”; las réplicas y contrarréplicas por los alertas episcopales sobre corrupción, pobreza, inequidad,
hasta las poco felices consideraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández comparando las posiciones de religiosos con la instalación de “unidades básicas”.
Puede ser hoy el sacerdote Joaquin Piña por su posición en Misiones; el vocero del episcopado Guillermo Marcó, o el propio Bergoglio el destinatario de la ira presidencial.
No debe ser una cuestión personal que se dirimiría en otros terrenos. Hay una mirada de posición corporativa sobre la postura de la Iglesia que la coloca en la vereda de enfrente cuando se trata de una mirada simplificadora de “a favor o en contra”.
Con el avance del proyecto de educación sexual en las escuelas y la posibilidad de una reforma constitucional que se alienta desde la Casa Rosada, podrían exacerbarse aún más los enconos.
Un sector del Gobierno alienta desde hace tiempo que la separación Iglesia-Estado sea explícita y quede establecida en letras de molde.