Cierta impaciencia recorre los pasillos del poder ante lo que el gobierno de Mauricio Macri considera una demora, y hasta cierta renuencia, de las grandes empresas por acelerar el ritmo de inversiones. En la Casa Rosada consideran que esos desembolsos son indispensables para volver a poner en marcha el motor de la economía ahora que casi todas las pretensiones del sector privado han sido concedidas.

En este escenario de tensiones en ascenso, el gobierno parece estar destinando demasiado tiempo y pagando un alto costo político por protestar contra la ley antidespidos, lo cual no hace sino incrementar el malestar de la población.

En el 2000, el gobierno de Fernando de la Rúa dilapidó grandes esfuerzos para que el Congreso votara la flexibilización laboral, lo cual derivó después es un escándalo por coimas.

Nunca se entendió la estrategia del entonces presidente por la Alianza en destinar semejante energía política para sacar una iniciativa de ese tipo en momentos en que la Argentina se encaminaba a una crisis terminal.

El momento actual parece estar a años luz de aquella coyuntura, pero llama la atención que Macri esté tan preocupado por anunciar el veto a una norma que busca atenuar el impacto de la crisis sobre los empleados, al trabar la posibilidad de cesantías en un escenario recesivo, lo cual brindaría cierta tranquilidad a las personas preocupadas por su trabajo.

No se sabe si el círculo íntimo del presidente pone el suficiente empeño en la necesidad de dar más señales a la gente de a pie que al empresariado, o al menos equilibrar las cargas de lo que representa un ajuste de los más fuertes que se recuerde.

Pero el tema es motivo de preocupación al menos entre los economistas de partidos que integran la alianza Cambiemos.

El reclamo para acelerar las inversiones viene siendo analizado por el gabinete económico desde hace semanas, y hay contacto permanente entre Macri y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, para monitorear el desembarco de capitales prometidos.

Es que una de las condiciones impuestas por los fondos de inversión y las multinacionales para orientar dólares hacia la Argentina era que el país saliera del default.

Pagar los juicios por la deuda fue una de las primeras tareas que se impuso Macri, a un costo de casi 10.000 millones de dólares, por lo que ya no habría excusas por parte de los grandes capitales para desembarcar aquí.

Tal vez por ello el ministro Cabrera viene mostrando molestia con sectores empresariales, en momentos en que se debate la ley antidespidos en el Congreso, una norma rechazada con fuerza por el sector privado.

"Vengo molesto", admitió Cabrera, y cuestionó a algunos empresarios por no acelerar inversiones.

En la última semana hubo varios anuncios, pero para el gobierno siguen teniendo sabor a poco, y por eso espera que en lo que resta de mayo las noticias se inunden de datos positivos.

Cabrera dijo que el sector privado "conoce cómo dar empleo, y es poniendo en riesgo su capital", en un mensaje que sonó a reproche.

Al gobierno se le está haciendo cada vez más cuesta arriba enderezar el barco de la economía.

Fueron demasiadas malas noticias en pocos meses: devaluación, disparada de precios, 11.000 despidos solo en el Estado, suba de tasas de interés y alza tarifaria convencieron a los argentinos de que debían comprimir sus gastos al máximo.

La sensación de que el ajuste impulsado desde lo más alto del poder debía ser acompañado por recorte de gastos en los hogares puede comenzar a tornar irrespirable el clima económico, y eso siempre deriva en tensiones sociales.

Se nota en la multiplicación de reclamos gremiales por la falta de acuerdo en paritarias ante un escenario de fuerte contracción del poder adquisitivo.

Es que costará mucho revertir la catarata de malas noticias de los primeros meses de gobierno, durante los cuales se aplicó un ajuste de grandes proporciones.

Por eso ahora el gobierno parece más concentrado en anunciar programas de empleo y beneficios para las pymes, y sobre todo consolidar la idea de que el denominado "sinceramiento de la economía", ya terminó.

Pero por más esfuerzo que se empeñe en destinar, al gobierno no le será fácil cambiar el humor de los argentinos, que observan cómo es cada vez más cuesta arriba llegar a fin de mes.