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La salida del default suma pero no cura todos los males
El macrismo celebra la salida del default porque si bien el kirchnerismo logró una fuerte quita de la deuda nunca pudo sacar el país de la cesación de pagos, lo que implicó un enorme costo financiero y de retardo de inversiones para la Argentina
16 de abril de 2016
La esperada salida del default por parte de la Argentina abre expectativas para que el país y sus empresas vuelvan a acceder al financiamiento internacional, pero no garantiza poder solucionar en forma rápida problemas de fondo como la inflación, el desempleo y el crecimiento de la pobreza. Las lecturas son múltiples y tal vez cada una, como suele ocurrir, encierre algo de razón.

Los más optimistas, como el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, creen que en el segundo semestre del año ya empezará a notarse el impacto favorable del arreglo de la deuda, con la llegada de proyectos de inversión y un retroceso paulatino de la inflación, que bajaría al 25% anual.

Otros, menos propensos a las celebraciones rápidas, dicen que el arreglo de la deuda puede generar un impacto positivo recién en el 2017.

Pero hay un grupo más cercano a la "realpolitik", esa política de la realidad siempre apreciada en momentos complicados, que ya está advirtiendo que ante un escenario social explosivo como el actual habrá que tomar muchas más precauciones y construir consensos políticos de mayor envergadura para encontrar la luz al final del túnel.

Pero ahora el tema a celebrar para el macrismo es la salida del default: al fin de cuentas, el kirchnerismo logró una fuerte quita de la deuda, pero nunca pudo sacar el país de la cesación de pagos, lo que implicó un enorme costo financiero y de retardo de inversiones para la Argentina.

Pero la imagen de Prat-Gay celebrando casi como si se tratara de un gol de la Argentina el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que terminó de destrabar el litigio, apareció exagerada ante el cuadro de situación económica y social que atraviesa la Argentina.

Mauricio Macri conocía de antemano el escenario complejo que heredaba -algunos lo llaman "bomba de tiempo"-, y queda la sensación de que debería haber tomado antes recaudos necesarios para atenuar la magnitud del ajuste.

Recién cuatro meses después el presidente parece decidido a encarar, con convocatoria al Consejo del Salario, suba del seguro de desempleo, rebaja del IVA y otras iniciativas en carpeta, algunos paliativos para compensar el furioso golpe al bolsillo.

Al gobierno parece haberle faltado el timing necesario para entender que a la par del ajuste, obligado luego de que el despilfarro kirchnerista le hizo perder otra oportunidad histórica a la Argentina de acercarse al desarrollo, debían impulsarse medidas paliativas para compensarlo.

Algo de eso parece transitar el pensamiento del jefe de Estado, que está muy molesto, por ejemplo, con las compañías alimenticias, los supermercadistas y las empresas que elaboran productos de consumo masivo.

Todo ese grupo empresarial aprovechó el cambio de gobierno y la falta de reflejos macristas para remarcar a destajo y dejar a la gente de a pie descorazonada ante las góndolas, penando por conseguir una oferta, corriendo detrás de las promociones, viendo cómo sus ingresos se erosionan como arena entre las manos.

Por ahora, Macri viene retando en público a los empresarios y admitiendo que le duele tomar estas duras medidas, y lo seguirá haciendo.

Mientras, el kirchnerismo lo golpea cuestionando haber nombrado en un área clave a un funcionario que pertenece a la familia de un gran supermercado del interior del país.

"Es como poner a un zorro a cuidar las gallinas", exageran los kirchneristas de piel gruesa, que ahora se envalentonaron con la multitudinaria marcha de respaldo a Cristina Fernández en Comodoro Py y a quienes les gustaría hacer -si pudiesen- una protesta diaria al gobierno.

En medio de las chicanas políticas, los tarifazos en los servicios públicos transmiten otra imagen desoladora: cientos de miles de argentinos haciendo colas para lograr una prometida "tarifa social", teniendo que escuchar a funcionarios sugiriéndoles hacer el trámite por "internet", cuando en muchos casos sus barrios ni siquiera tienen electricidad.