El régimen chavista logró aprobar la ley de Tierras Urbanas en la Asamblea Nacional.

Con esta nueva ley, el Estado bolivariano podrá ocupar cualquier vivienda o propiedad privada.

En particular, el artículo 16 establece que las tierras urbanas con edificaciones que estén en ruina, con fallas de construcción o declaradas inhabitables deberán ser vendidas al Estado.

En este sentido, se eliminó el epígrafe en el que se incluían las edificaciones con más de 60 años como propiedades susceptibles de intervención.

Consideraron que es incompatible con el socialismo y con lo planteado en el artículo 19, que equipara el precio de las tierras urbanas sin tomar en cuenta el sector en el que se encuentren.

El artículo 31 fue discutido más de media hora, porque los diputados consideraban que su redacción era confusa. El referido artículo afirma que las tierras urbanas que estén siendo objeto de medidas judiciales no podrán ser declaradas sin uso, sino que podrán ser ocupadas temporalmente.

Sin embargo, se dijo que se puede ocupar una tierra temporalmente en espera de una decisión judicial. El artículo fue aprobado, de forma tal que las tierras en espera de decisión judicial pueden ser ocupadas previamente dada la "urgencia" del caso.

La Ley de Tierras Urbanas busca "regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fines de establecer las bases del desarrollo urbano y la satisfacción progresiva del Derecho a la vivienda digna en las zonas urbanas".

El gobierno, a través de los órganos competentes, decidirá cuáles tierras se pueden intervenir.