El gobierno se fijó objetivos de mediano y largo plazo para el año que queda de gestión cuyas responsabilidades ya fueron prolijamente asignadas en el gabinete nacional y reflejan hasta qué punto la economía tiñe cada paso de Néstor Kirchner.

El cóctel de metas incluye alcanzar una fuerte mejora en los ingresos para el año próximo, llevar las reservas a 40.000 millones de dólares cuando termine el 2007, la caída del desempleo por debajo del 8 por ciento y de los niveles de
pobreza a menos del 20 por ciento.

El cuadro de variables macroeconómicas está en la cabeza del presidente y comenzó a ser derramado sobre funcionarios clave del gabinete nacional.

Las ambiciosas metas trazadas en la "mesa chica" de la Casa Rosada encuentran más de un obstáculo, que convendría repasar.

El primero está vinculado con la endeble ecuación energética: la protesta de los petroleros en la Patagonia, tan cara al presidente Kirchner, demostró hasta qué punto es permeable la provisión de gas en la Argentina.

La reunión de trasnoche que protagonizaron ministros y secretarios el día en que hizo eclosión el conflicto tuvo momentos de desesperación.

El otro punto complicado está vinculado con los precios, que a pesar de la presión oficial comienzan a salirse de cauce.

El gobierno pretende mantener en una olla a presión la ecuación más visible de la estructura de precios de la Argentina, la que afecta a los sectores de menores recursos, tal vez porque la otra, aquella que toca intereses de los sectores
medios y altos, ya se le fue de las manos.

En el escritorio presidencial existen estudios que reflejan alzas muy superiores al 20 por ciento en el último año en rubros viculados con consumos de los sectores más acomodados, como determinadas vestimentas, calzados, destinos turísticos y hasta
alimentos y bebidas de calidad.

Así, mientras el costo de vida subió 8 por ciento en los primeros diez meses del año, en el mismo período, y siempre según las cifras oficiales, la ropa para niños aumentó 18,9 por ciento, las cuotas de los colegios privados un 25,6, las
entradas de cine y teatro un 15, y las intevenciones quirúrgicas un 19,4.

Hay alimentos, como el filet de merluza, que subieron 18,5 por ciento, y la conserva de tomate, un 19,3.

En el caso de los autos, el panorama también es complicado, porque las terminales firmaron un acuerdo con el gobierno que está sujeto a cambios de costos, por lo que ante cualquier incremento, por ejempleo, de la chapa o de salarios, quedará en
letra muerta.

La estadística del INDEC refleja que este año los precios de autos para el consumidor subieron 12 por ciento y 197 por ciento desde la devaluación.

En la Argentina hay dos inflaciones, "control de índices" lo llamó el diputado y ex secretario de Hacienda Jorge Saghini, enrolado en el lavagnismo.

Una es la oficial, dominada por controles, acuerdos y congelamientos, y por afuera, la paraoficial, lo cual explica que la sensación térmica no coincide con el 8 por ciento del INDEC.

Incluso, cerca del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya no están tan seguros de que este año se pueda alcanzar una inflación de un dígito.

Algunos ya hablan de un costo de vida por encima del 10 por ciento cuando termine el 2006.

Pero el funcionario está tan empecinado con el objetivo que hasta convenció a Kirchner de tomar una medida de dudosa efectividad: intervenir el sistema de precios del Mercado Central de Buenos Aires.

La decisión denota desconocimiento por parte de las autoridades económicas: no existe tal vez en la Argentina un espacio comercial donde se aplique con más claridad la ley de la oferta y la demanda.

Esto explica, por ejemplo, que un día el tomate cueste 1 peso el kilo y, a la semana siguiente, por una combinación de caída en la oferta y mayor demanda, el mismo producto se eleve a 2, 3 o más pesos.

El sistema funciona así y, más allá de alguna que otra anomalía, será muy complicado pretender intervenirlo, porque se producirán escenarios casi ridículos, como que los precios "sugeridos" por el gobierno terminen algunos días siendo más altos que el que los puesteros piden a los compradores, como ocurrió.

Otra cuestión clave está vinculada con los salarios, y allí intervendrá directamente Kirchner, quien pretende dejar la cuestión atada antes de que termine el año.

Para ello, prevé reunirse a principios de diciembre con el vapuleado titular de la CGT, Hugo Moyano, y acordar el tope de incremento salarial para el 2007.

Algunos sectores empresarios consideran que los sueldos no deberían subir más que la inflación, estimada en un techo del 11 por ciento para todo el año, pero desde la central obrera aspiran a arrancarle al presidente una suba más cercana al 15
por ciento.

Cualquier sea el ajuste que finalmente se consensúe -este año fue del 19 por ciento- impactará sobre los acuerdos de precios, que hacia mediados de 2007 comenzarían a reformularse.

Para el segundo semestre del año, Kirchner ya acordó con el oficialismo en Diputados que habrá una suba del mínimo no imponible en Ganancias y esto aumentará el sueldo de bolsillo de medio millón de trabajadores en relación de dependencia, aún a
costa de perder recaudación.

Justamente, el gobierno está dispuesto a echar mano del fondo antíclico ideado por Roberto Lavagna si hace falta compensar una merma en los ingresos del Fisco por esta medida.

La combinación de esta decisión y del aumento acordado con la CGT dará lugar al llamado "salariazo", un término que usan algunos en la Rosada y que en realidad es una ironía sobre la promesa hecha en su momento por Carlos Menem.

Con las reservas, el escenario parece más allanado: Martín Redrado, el hombre fuerte del Banco Central, ya la anticipó a Kirchner que no habrá problemas en alcanzar los 32.000 millones de dólares cuando concluya el 2006, y ya se llegó a 30.000
millones.

La meta para el año próximo sería rondar los 40.000 millones de dólares cuando se produzcan las elecciones presidenciales en octubre.

La fuerte demanda de commodities argentinos desde Asia, que todo indica se mantendrá a lo largo del 2007, permitiría concretar sin problemas no sólo este objetivo, sino el mantenimiento del superávit fiscal.

Sólo la campaña agrícola en curso posibilitará ingresos adicionales por unos 2.000 millones de dólares.

Esto se traduce en más ingresos por retenciones, que ya generan el 10 por ciento de la recaudación total anual y representan el 60 por ciento del superávit fiscal previsto para el año.

La gran misión de la ministra Felisa Miceli será cuidar que ese superávit se mantenga y terminar de diseñar un Plan Productivo Nacional que termine de convertir a la Argentina en un país industrial, pero allí aún queda mucha tela para cortar.