Con el inicio de un 2014 caliente, el gobierno puso en marcha un nuevo intento por frenar la escalada de precios, mediante un acuerdo más simple de controlar y transparente comparado con los anteriores, pero que por su baja densidad requerirá medidas adicionales si aspira a tener chance de dominar al "monstruo" de la inflación que le quita el sueño a los argentinos. La canasta negociada por el secretario de Comercio, Augusto Costa, los supermercados y los fabricantes incluyó finalmente sólo 100 productos, y a precios que se ubican muy por encima de los que se habían incluido en los fallidos acuerdos impulsados en oportunidades anteriores por el despedido Guillermo Moreno.

La nueva lista convalida subas de hasta 260% con respecto a los precios que supuestamente estuvieron congelados hasta el 31 de diciembre último.

El equipo económico se habría visto forzado por las circunstancias a no tirar más de la cuerda sobre los formadores de precios, tras recibir un aluvión de argumentos sobre el alza de los costos para justificar incrementos.

Es decir, las empresas le advirtieron a Axel Kicillof y compañía que no esperaran un esfuerzo mayor porque no estaban dispuestas a soportar quebrantos en sus cuentas.

Ahora, tras tomarse un respiro en las sierras de Córdoba, el ministro de Economía buscará hurgar en las razones de fondo de esa suba de costos, para tratar de encontrar una respuesta al gran interrogante que desvela a los argentinos: por qué el país hace al menos seis años que no se puede sacar de encima la pesada mochila de la inflación.

Las empresas sostienen que entre las razones de los aumentos figuran las "desmedidas" apetencias salariales de los grandes gremios y el constante incremento de los commodities a nivel mundial, que encarece insumos clave como el plástico, el acero y el papel, pero también los lácteos, entre muchos otros.

Pero a estas razones, que deberían investigarse en profundidad, parece sumarse un escenario macroeconómico complicado, donde juegan roles estelares la emisión monetaria, las insuficientes inversiones, el cierre de la economía que reduce la competencia, la ausencia de señales proinversión y una devaluación agravada por el dólar paralelo que debió aceptarse para impedir que el BCRA se quede sin reservas en dos años.

La pérdida de los superávits gemelos, en especial a partir de un déficit fiscal que amaga con seguir profundizándose, es otro elemento sustancial que explica el complejo escenario económico.

La Argentina afronta serias dificultades para aumentar la disponibilidad de bienes y servicios ante una mayor demanda generada por el aliento al consumo para mantener caliente la economía y contento al electorado.

El Banco Central, sobre todo durante la olvidable gestión de Mercedes Marcó del Pont, sobreexigió la emisión de moneda a tal punto que debió cambiar el sistema de series de los billetes de 100 pesos porque ya no alcanzaba el abecedario del sistema ideado inicialmente para imprimirlos.

En forma testaruda, Cristina Fernández se niega a emitir un billete de 200 pesos, o de 500, porque considera que sería reconocer que la Argentina se convirtió en un país inflacionario -tiene el segundo costo de vida más alto de América Latina- desde que ella se instaló en el Sillón de la Casa Rosada.

Desde el 2007, la inflación acumulada ronda el 150 por ciento, es decir que lo que en promedio valía 10 pesos al inicio de su gobierno, ahora cuesta 25, lo cual puede comprobarlo cualquier consumidor con sólo comparar la cuenta de supermercado del mismo producto entre un año y otro.

La inflación, el cáncer que erosiona cualquier economía sana, provoca también distorsiones que llevan a que en la Argentina pueda encontrarse un mismo producto con tres precios diferentes en comercios a pocas cuadras de diferencia.

La disparada del costo de vida impide a los consumidores controlar el rendimiento de su bolsillo y vuelve imposible llevar las cuentas de la economía familiar, que se deterioran año tras año.

La mejor constancia de cuál es la inflación en el país se la puede tener comprobando lo que ocurre con productos y servicios que sí acompañaron el costo de vida real, como los taxis, las prepagas, los subtes a partir del año pasado y parece que también este año, las cuotas de los colegios privados, el agua mineral, la gaseosa, quesos, yogures, pan lacteado, frutas y verduras, y otros cientos de ejemplos.

Ni que hablar de lo que ocurre con los repuestos para vehículos o insumos para cualquier casa, como los necesarios para las refacciones o una simple lamparita de bajo consumo.

Más de 10 mil productos pueblan las góndolas de los supermercados más grandes y si el gobierno cree que acordando en 100 podrá poner en caja la inflación sin tomar otro conjunto de medidas corre serio riesgo de equivocarse.

Pero son también los propios gobiernos nacionales, provinciales y municipales los que están poniendo su grano de arena para contribuir a la escalada de precios.

A nivel nacional se avanza con más presión impositiva para quienes todavía son contribuyentes, como ocurrirá en el caso de Bienes Personales, mientras que las provincias, como Formosa, inventan nuevas tasas para aumentar la recaudación, y el Gobierno de la Ciudad y los municipios subieron a niveles estratosféticos los ABL.

Los Estados necesitan recaudar más no ya para brindar mejores servicios de salud, educación, seguridad y limpieza, sino apenas para afrontar los aumentos de costos provocados por la inflación, que también padecen, y el del "financiamiento de la política", un tema complejo sobre cuyos límites la dirigencia debería alguna vez buscar acuerdos.