Acostumbrada a contarle cada día a los argentinos por cadena nacional cómo son la cosas, la presidenta Cristina Fernández recibió en pocas semanas "baños de realidad" que tal vez la hayan ayudado a dimensionar el verdadero estado de la Nación. Primero masculló bronca porque sus funcionarios le habían jurado que la Fragata Libertad era inembargable y dejó que la nave insignia de la Armada argentina amarrara mansamente en un puerto de Ghana, donde la esperaban agazapados los abogados de los fondos buitre, que la mantienen embargada allí desde el 2 de octubre último, en lo que constituye un papelón internacional.

Luego debió soportar una gigantesca movilización en sus propias narices en la Residencia de Olivos el 8-N, a pesar de que Luis D´Elía, La Cámpora, Unidos y Organizados, y otros dirigentes y organizaciones que crecen al calor de los fondos de los contribuyentes le habían asegurado que la calle fue, es y sería kirchnerista.

El casi millón de personas que se movilizó en todo el país para pedir seguridad, bajar la inflación y poner fin a la soberbia oficial -entre otros 20 reclamos- dejó mal parada a esa cohorte que le está haciendo el flaco favor a la mandataria de contentarla con una realidad deformada.

A mediados de semana, un malhumorado juez de Nueva York nombrado en su momento por Richard Nixon le dio otro cachetazo a la Argentina, con un fallo insólito que pone al país al borde del default técnico y que hasta dice sustentarse, entre otras cosas, en declaraciones formuladas por la mandataria argentina.

La decisión judicial llegó pocos días después de que el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le habían ´explicado´ a la Presidenta que la demanda de los fondos especulativos no tenía chances de prosperar.

El argumento de los diligentes funcionarios era que la Argentina tenía todo a su favor, porque el Banco de Nueva York había presionado al magistrado, el gobierno de Barack Obama no quería más olas con este tema, y el lobby de los bonistas que entraron al canje era mucho más poderoso que el liderado por el "inescrupuloso" Paul Singer y su NML Elliot, que administra 15.000 millones de dólares.

Otra vez la realidad le pegó un cachetazo al optimismo de los entusiastas funcionarios argentinos que estaban, de nuevo, mal informados.

"Y encima me tengo que enterar por la tapa de Clarín", habría bramado la jefa de Estado en la residencia de Olivos cuando inició su prolija lectura de diarios ese jueves nefasto por la mañana, antes de correr por la cinta en sus ejercicios de rutina.

El último baño de realidad llegó tras las tormentas y la ola de calor posterior, que provocó generalizados cortes de electricidad, que en algunos barrios duraron más de una semana.

El sistema energético viene sobreviviendo a duras penas gracias al remanente de las inversiones que se hicieron en los 90, porque las empresas hace años que lo único que pueden encarar son mantenimientos de rutina ante cada corte.

"El sistema no da para más, hace agua por todos lados y está atado con alambre. Sin inversiones la ecuación no cierra", había admitido la semana pasada un alto directivo de una de las firmas que ahora deberán cobrar el aumento anunciado por la dupla De Vido-Kicillof.

El efusivo viceministro de Economía había reunido a representantes de las distribuidoras de energía el 14 de septiembre último.

Allí les dijo que el sistema ungido durante el "modelo neoliberal de los 90 no va más. Ahora, nosotros vamos a definir cómo deben funcionar las empresas, cuáles serán las inversiones y el margen de rentabilidad".

Lo escucharon con cierto entusiasmo, porque debieron soportar 12 años de tarifas congeladas con una inflación que subió 100 por ciento solo en los últimos cuatro años.

La primera respuesta de Kicillof llegó este viernes, con el aumento de hasta 150 pesos en los hogares, y de 300 para comercios e industrias.

Las distribuidoras esperan que esas decisiones no terminen ahí, porque esa plata será destinada totalmente a inversiones, a razón de 1.000 millones de pesos para el sector eléctrico y una suma similar para el gasífero.

Falta resolver cómo afrontar el alza de salarios a razón del 20 por ciento anual, y el costo de la energía en el mercado mayorista, que se encareció una enormidad a partir de que la Argentina debe importar fuel oil, gas y otros combustibles por unos 10.000 millones de dólares anuales.

En empresas del sector eléctrico consideraron a estos anuncios como un primer paso para concretar el resto de las medidas que hacen falta -sincerar las tarifas- mientras que analistas del mercado energético sostuvieron que por ahora será otro parche para un sistema que no da para más.