El "viento de cola", esa descripción que tanto molestaba a la presidenta Cristina Fernández cuando sus opositores se la hacían notar, dejará de soplar este año, por lo que el país se verá obligado a agudizar el ingenio para aplicar "sintonía fina", es decir, ajustar el gasto. El tema fue mencionado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en un rapto de sinceridad que tal vez le valga una reprimenda en el blindado universo kirchnerista, donde hay espacio nulo para el disenso.

"Lo que claramente vemos es que de afuera no va a venir lo que a algunos les encanta llamar viento de cola para Argentina. Ahora bien, esto no hace que nuestra visión de la economía doméstica no deje de ser optimista", sostuvo Lorenzino, más en su rol técnico que en el de político.

Lorenzino pintó este año un panorama externo complejo pero se mostró optimista sobre las chances que tiene la Argentina de seguir creciendo, aunque a tasas más moderadas.

El país creció 9,2 por ciento este año, según el INDEC, aunque son varios los especialistas que advierten una distorsión en esas estimaciones y ubican al crecimiento económico real en el 7 por ciento.

Pero más allá de las diferencias estadísticas, el dato objetivo es que buena parte del mundo que los argentinos disfrutaron hasta ahora, alimentado a base de subsidios interminables del barril sin fondo del presupuesto público, se encamina a su desaparición.

Así, el consumo, capital electoral del kirchnerismo, dejará de estar inflado por la herramienta distorsiva de los subsidios.

Se estima que más de la mitad de los 70.000 millones de pesos en subsidios se recortará, en un proceso que amaga ser más veloz de lo imaginado inicialmente por la Casa Rosada.

Después del 10 de febrero, todos aquellos que viajen en tren o colectivos sin tarjeta SUBE, pagarán la tarifa a precio pleno, es decir, entre tres o cuatro veces más que la actualidad.

Pero el ajuste no terminará allí, sino que recién empieza: el paso siguiente será segmentar el subsidio a la demanda según el perfil del usuario.

En poco tiempo, trabajadores en relación de dependencia con sueldos medios, monotributistas, quienes tributen el impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales, y muy probablemente empleados públicos, dejarán de pagar más barata la tarifa.

Si no alcanza con ello, se buscará limitar la cantidad de viajes subsidiados: en lugar de ilimitados, serán dos por día.

Así, el Estado se irá convirtiendo en un "Gran Hermano", que no sólo tendrá la capacidad de saber qué medio de transporte toma cada argentino en la zona metropolitana, a qué hora y en qué lugar, sino también la de decidir quién merece un subsidio y quién no.

La hora del ajuste que llega en la Argentina explica las declaraciones altisonantes de los funcionarios para castigar a banqueros, industriales y productores agropecuarios.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hizo circular entre distintos sectores que detrás de las corridas contra el dólar de fines del 2011 estuvo la mano de los banqueros, incluso de algunos que tenían buena llegada a la Casa Rosada y que hasta le vendieron una departamento de lujo a la familia Kirchner.

En el caso de los industriales, la orden de disciplinarlos corrió por cuenta del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien le reciminó al titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, haber "revoleado" una carta de protesta ante los medios por las nuevas medidas para las importaciones, en lugar de hablarlo en privado.

Al campo salió a frenarlo el propio vicepresidente Amado Boudou, cuando acusó al titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, de hacer "politiquería" por levantar la voz ante el drama de la sequía.

Un sudor frío recorre la espalda de muchos empresarios, que tienen pánico de hacer escuchar demasiado en voz alta sus reclamos y aventurarse a posibles represalias del gobierno.

El 2012 será un año difícil para quienes están obligados a relacionarse a diario con el gobierno.

Hay nervios en distintos sectores de la esfera pública, que el kirchnerismo hizo crecer discrecionalmente en los últimos años hasta sumar unos 300 mil empleados públicos en la Nación, pero ahora les pretende acotar sus salarios.

La ya recuperada Cristina Fernández se dio cuenta aún antes de las elecciones de que a este ritmo de crecimiento del gasto, empujado también por la inflación, el "modelo" no tendría futuro.

Por eso, apenas ganó los comicios, puso en marcha un plan de ajuste cuyas aristas más antipáticas aún están por verse.

Lorenzino ya explicó que el mundo será mucho más refractario a demandar los productos argentinos, y el país se está ganando la desconfianza del gigante Brasil, que está dispuesto a seguir comprándole a la Argentina siempre y cuando pueda continuar colocando sus mercancías aquí, en lo que se conoce como "reciprocidad".

Los temas que calientan el año no terminan acá: el conflicto entre camioneros y Camuzzi en el sur puede ser interpretado como un test de prueba de lo que vendrá.

Las paritarias, para pánico de los empresarios, serán mucho más duras en un escenario de menor actividad e inflación sostenida.

El gobierno insinúa estar dispuesto a evitar que los reclamos salariales se salgan de cauce. ¿Podrá?