El poder político decidió acelerar medidas que impactarán fuerte sobre el bolsillo de la población, avisado de que si no recompone ingresos rápidamente, el déficit provocado por la disparada del gasto combinada con la inflación, se puede llevar puesta a más de una administración. Con matices y retórica diferentes, la presidenta Cristina Fernández, su vice, Amado Boudou, los gobernadores Daniel Scioli, Daniel Peralta o cualquier otro, así como el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, arribaron a la misma conclusión: ganadas las elecciones, ahora más que sintonía fina, se trata de hacer el ajuste.

De cómo lo aplique cada uno, y de la mayor o menor pericia para presentarlo en el "relato" —para usar un término de moda—, dependerá el impacto social y político que tendrá cada medida por jurisdicción, pero de cualquier forma los consumidores sentirán en carne propia que la fiesta terminó y ahora hay que pagar la cuenta.

El problema es que así como las cuentas públicas fueron erosionadas por la inflación, los ciudadanos también la padecen en sus bolsillos a diario.

Si ahora las familias deberán pagar más por electricidad, gas, agua, subte y, seguramente más adelante, colectivos y trenes, la recarga sobre sus espaldas será doble.

El kirchnerismo acostumbró a los argentinos a vivir en una economía subsidiada, con muchas de sus variables distorsionadas, sin brújula para los precios que rigen el día a día de la vida cotidiana y un dólar que comenzó a retrasarse hace más de un año, para mencionar algunos ejemplos de sectores donde la "sintonía fina" deberá actuar más temprano que tarde. Esa ilusión tenía larga vida en una economía donde el grifo de las exportaciones sojeras siguiera abierto a gran escala, y el mundo continuara demandando a destajo lo que aquí brotaba sin cesar.

Pero ahora los vientos ya no soplan tanto a la cola, y dará mucho más trabajo mantener una economía encauzada.

En su idea de aplicar "sintonía fina", Cristina despidió el año firmando un decreto que si bien primero pasó desapercibido, luego estalló en toda su magnitud y generó profundo malestar en sectores gremiales de peso.

La Presidenta le avisó a todos sus funcionarios que pone en revisión los salarios de 300 mil empleados públicos, y que de ahora en adelante habrá que cuidar los gastos. Ya no más contratos con plus que duplicaban su monto original, u horas extras utilizadas para compensar deficiencias salariales.

Llegó la hora de ver en qué se gasta y cómo, porque la Argentina del 2012 será muy distinta a la de la campaña electoral, y las arcas del Estado estarán exigidas.

Habrá que ver si esa sintonía fina también se extiende a los actos que casi a diario realiza la mandataria, muchos de los cuales son transmitidos en cadena nacional, y que tienen un altísimo costo en logística de traslado de gente e instrumentación. También si en esa lógica de "campaña permanente" se mantendrá abierto el chorro de fondos que fluye casi en forma descontrolada hacia la deficitaria Aerolíneas Argentinas —más de 3.000 millones de pesos— o se vuelca al polémico "Fútbol para todos", con más de 600 millones anuales.

Es que el 2011 cerrará con el déficit más alto del ciclo kirchnerista, de unos 34.000 millones de pesos, y si no se hiciera contabilidad creativa haciendo pasar por ingresos fondos que en realidad no lo son, rondaría los 52.000 millones.

Auxilio a provincias Con más margen de maniobra que las provincias, la Nación fue en su auxilio para evitar que muchas cayeran en desórdenes sociales.

Fue así cómo Cristina decidió refinanciarles deudas por dos años, de tal forma que cada gobernador podrá llegar a las legislativas del 2013 con un escenario fiscal más desahogado.

Pero Cristina también les avisó que a ninguno se le ocurra seguir descorchando champán, ya que antes de que termine febrero le deberán informar la cantidad de empleados públicos que tienen y sobre esos números se pondrá la lupa. Estimaciones privadas y de la oposición calculan que entre Nación, provincias y municipios hay un millón de empleados públicos en la Argentina, una cifra que aparece claramente exorbitante y que refleja hasta qué punto muchos dirigentes eligieron el camino más fácil para captar adeptos.

Es que un empleado público, sobre todo en el interior del país, no representa sólo un voto, sino también el de toda su familia. Como parte de la sintonía fina, también Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires aumentó con fuerza los impuestos, a pesar de lo cual cerraría el año con un rojo de 6.000 millones de pesos.

Daniel Peralta, en Santa Cruz, quiso aplicar un duro recorte de gastos y casi se le incendia la provincia, con huida de La Cámpora de Máximo Kirchner incluida, en un final todavía abierto.

Por su parte, Mauricio Macri aceptó a regañadientes hacer el "esfuercito" que le pidió Cristina antes de someterse a una operación, para que le traspasaran el subte, porque el gobierno nacional no quería pagar el costo político de aumentar las tarifas.

Claro que el jefe de Gobierno casi sobreactuó y de un plumazo disparó el costo de un viaje de subte 127 por ciento, un impacto demasiado alto para quienes usan ese medio de transporte para concurrir día a día a sus trabajos.

Lo que viene, tanto a nivel nacional como en cada jurisdicción, será más de lo mismo. Con elecciones recién ganadas, la clase política, kirchnerista o no, se convenció de que ahora o nunca es necesario corregir todo lo que por conveniencia política no se hizo a su debido tiempo.