El obligado recorte de subsidios adoptado por el Gobierno apenas se confirmó el triunfo de Cristina Fernández en las urnas puede terminar de disparar la inflación y herir de gravedad a los ya de por sí fatigados bolsillos de las clases medias y bajas, y de los jubilados, entre otros sectores con ingresos fijos. El recorte representará un aumento de unos 200 pesos mensuales en las tarifas mensuales de electricidad, gas y agua sumadas, aunque ese valor dependerá de los niveles de consumo. Lo que más inquieta de la medida es que, sospechan las entidades de defensa del consumidor, será casi imposible mantener el subsidio, por la batería de trabas que está dispuesto a poner el gobierno.

Primero exigirá una declaración jurada, luego hará intervenir a la AFIP, la ANSeS y Desarrollo Social, y si todavía el cliente no se desalentó, le mandará una asistente social a la casa para ver sus condiciones de vida. Así, lograr que le mantengan el subsidio tarifario será para un argentino tan difícil como comprar un dólar, en una postal de una economía enrarecida a pesar de tanto dato positivo que se encarga de difundir la multimillonaria propaganda oficial.

La estrategia comunicacional fue presentar la medida como una razón de Justicia, al señalar que las envidiadas zonas de Barrio Parque, Puerto Madero y los barrios cerrados serán los primeros en perder los subsidios.

Pero se abundó poco en los objetivos profundos del recorte, que es quitarle el subsidio a todo el que se pueda, porque el nivel de gasto público sobrepasó los límites aconsejables, sobre todo por los recursos incalculables que Cristina dedicó a la campaña electoral, a pesar de que tenía un triunfo asegurado.

Un país que destina más de 70.000 millones de pesos anuales en subsidiar a distintos sectores de la economía, y que a su vez cobra impuestos distorsivos multimillonarios como el impuesto al cheque (más de 30.000 millones anuales), mientras mantiene una presión tributaria exorbitante, tiene menos posibilidades de alcanzar un desarrollo sustentable.

El gobierno parece haber caído en la trampa de creer que todo se puede arreglar con alguna bravuconada telefónica de Guillermo Moreno, un funcionario todoterreno cuyos modos tienen cada vez menos que ver con lo que se puede esperar de una República. Lo más grave es que para la presidenta Cristina Fernández, Moreno parece haberse convertido en un hombre indispensable.

En las últimas semanas, Moreno buscó apretar a industriales para que no giren divisas al exterior; a cambistas para que bajen el dólar paralelo; y hasta a un funcionario de alto rango que tiene una trayectoria pública que supera los 40 años. Tuvo suerte dispar, pero entendió rápido que su poder de fuego ya no es el mismo.

Tal vez por eso el secretario ya no se mete con personajes de peso en el mundo económico, como los Blaquier del ingenio Ledesma, que fijan el precio del azúcar; o las grandes alimenticias y compañías de consumo masivo; o hasta las prepagas. Entre tantos datos positivos que le acercan sus funcionarios, la Presidenta parece no advertir un fenómeno que vuelve cada vez más insostenible su modelo: la inflación.

Los precios promedios de la economía se duplicaron durante su gestión de cuatro años, a pesar de que el INDEC dice que subieron "sólo" 40 por ciento. La negación, en política, siempre es mala consejera, como se demostró desde el último gobierno de Hipólito Yrigoyen, hasta el de Fernando de la Rúa, para mencionar experiencias democráticas y no caer en los nefastos años dictatoriales que sufrió el país.

Cuanto más tarde la Presidenta en decidir las medidas económicas que requiere el actual estado de situación, más amplia deberá ser la sintonía fina, que a este paso puede terminar siendo "gruesa". Con una inflación persistente y un tipo de cambio retrasado, las medidas coercitivas para evitar la fuga de capitales y el hecho de poner a la AFIP casi como rectora de la política cambiaria, realimentan ambos problemas.

Por si faltara presión sobre los precios, la eliminación de subsidios disparará los montos de las tarifas y terminará de lastimar los ingresos de la gente.

La pregunta que debe estar haciéndole la Presidenta a su "think thnak" de asesores económicos es por qué desde el primero de octubre último el BCRA perdió 2.000 millones de dólares de reservas y desde que se implementó el "corralito cambiario" se fueron del sistema más de 1.500 millones de dólares en depósitos.