La preocupación oficial por la inflación tocó un punto alto esta semana, en medio de tironeos con el FMI por las cuestionadas estadísticas del INDEC, advertencias a formadores de precios y hasta una preocupación exacerbada del secretario Guillermo Moreno por el valor del "tomate".

Semejante despliegue oficial sobre un tema que, según la Casa Rosada, "no existe", refleja que en medio de un período de crecimiento sin precedentes para la Argentina, el costo de vida mete ruido en los planes de la Rosada, que tiene asegurados otros
cuatro años de gobierno, pero no precisamente porque esté haciendo bien las cosas con los precios.

Desde que las remarcaciones comenzaron a salirse de cauce en el 2007, empujadas por el fuerte crecimiento del consumo impulsado por el gobierno a través de distintas vías, en un escenario de subas internacionales de precios de los commodities, el gobierno no acertó en su estrategia para hacer frente a un problema que prefirió ocultar bajo la alfombra.

El fallecido ex presidente Néstor Kirchner detectó rápido en su momento que la inflación sería un dolor de cabeza, y tomó cartas en el asunto.

Mientras su esposa Cristina Fernández se convertía en Presidenta, ordenó intervenir el INDEC, tal vez pensando que rompiendo el termómetro desaparecería la temperatura.

Puso allí a un coronel todoterreno como Guillermo Moreno, tal vez uno de los funcionarios más apreciados por el kirchnerismo, y que ya anunció que el 10 de diciembre se retira del gobierno (siempre que Cristina no lo nombre, por ejemplo, al frente de un banco de desarrollo).

La misión que le encomendó fue subestimar la inflación para evitar que los bonos ajustados por CER (índice similar al costo de vida) le provocaran una sangría de divisas por pago de intereses a la Argentina.

Alguna vez desde el kirchnerismo se destacó que Moreno le había hecho "un gran servicio al país", porque gracias a su control sobre los precios oficiales la Argentina se ahorró miles de millones de dólares en pago de deuda.

La misma polémica sigue latente: el gobierno considera que consultoras y periodistas se confabularon para instalar una inflación "ficticia", porque responden a los "intereses de los tenedores de bonos de la deuda".

Pero más allá de las especulaciones y operaciones cruzadas, los propios funcionarios tienen conciencia de la necesidad de tomar el toro por las astas.

En una disertación en el Primer Congreso Industrial de la Provincia de Buenos Aires que organizó la UIPBA en Campana, la ministra Débora Giorgi le advirtió a los formadores de precios que no se pasaran de la raya.

Les recordó que el gobierno los protegía de que ingresara cualquier cosa a la Argentina y a precios subfacturados, pero que a su vez la administración de Cristina Fernández no permitiría que "el zorro quedara libre en el gallinero".

La tentación de algunos sectores empresarios de seguir recomponiendo sus márgenes de utilidad aprovechando el aliento permanente al consumo y ciertas contradicciones del "modelo", mereció ese tirón de orejas de parte de la ministra, que en realidad usó ese foro donde había mayoría de pymes industriales para enviar un tiro por elevación a las grandes compañías.

La polémica se siguió acentuando en Estados Unidos, con toda una semana de intercambios de tono subido entre el gobierno y la cúpula del Fondo Monetario, ahora liderado por la elegante francesa Christine Lagarde, quien insistió en que ese organismo descree de la estadística del INDEC.

Ocurrente como nunca, el ministro Amado Boudou atinó al deslizar una ironía devastadora, y advertirle al Fondo -que no advirtió la debacle financiera mundial- que en esta coyuntura de recesión en los países centrales, "mirar las estadísticas
argentinas se parece mucho a que el capitán del Titanic vaya a ver cómo suena el violín de la orquesta".

La preocupación por la inflación también encontró al juez en lo penal económico Alejandro Catania pidiendo datos sobre periodistas, y el magistrado terminó enredado en una polémica de proporciones que fue aprovechada por la oposición para denunciar
un intento de coartar la libertad de expresión.

Por si faltaban temas para la polémica, al secretario Moreno le disgustó que el precio del tomate se disparara en el Mercado Central y prohibió su venta durante algunas horas.

Luego recapacitó, pero igual fijó un poco útil precio máximo de 40 pesos por cajón de 20 kilos.

Moreno nunca entendió la oferta y la demanda, o en realidad siempre pensó que mejor era obviarla para escribir un relato de lo que a su juicio debía ser la economía de mercado.

Si hay un lugar donde la oferta y la demanda se exhibe con cierta transparencia es el Mercado Central, donde un problema climático, una dificultad en el transporte o el simple hecho de que muchos consumidores se vuelquen al mismo tiempo a comprar el
mismo producto, dispara los precios.

Por eso, el hecho de que el valor del tomate haya llegado a 16 pesos el kilo en algunas verdulerías más allá del voluntarismo del insistente secretario, no impedirá que tal vez en pocos días quede por el piso ante una sobreoferta.

En este escenario, el pintoresco y verborrágico jefe de campaña de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, deslizó una fina ironía política, al recomendarle a la dirigencia política opositora "escuchar más lo que piensa un vendedor de choripanes de La
Matanza que lo que dicen los editorialistas de los diarios".

La sugerencia, de excelente factura, también debería alcanzar a la tozudez de algunos funcionarios, que deberían preguntarle a la gente si los precios les aumentan 0,8 por ciento mensual como insiste en imaginar el devaluado INDEC.