Los controles que instaló el Gobierno porteño junto a la Policía en los ingresos a las villas 31 y 31 bis hace casi dos meses tuvieron efecto porque el ritmo de la construcción en altura descendió. La desarticulación del l corralón que funcionaba en una de las entradas fue determinante pero como siempre ocurre en estos casos el ingreso de materiales depende del "trabajo hormiga" que se realizan a escondidas.

Quienes quieren construir deben solicitar permiso a la Comuna para ingresar materiales, pero se permite sólo para mejoras y en cantidades reducidas.

De los cinco puestos fijos que había en un comienzo, sólo quedan dos controles, cada uno con un inspector y una custodia policial. Los fines de semana duplican la cantidad de inspectores porque se intensifica el movimiento. Pero últimamente están sólo por prevención.

Los camiones no vienen más para no arriesgarse y como siempre pasa los que quieren pasar algo lo hacen de noche. Los controles están presentes sólo de 8 a 20, en dos turnos. Además de prohibir el ingreso, los inspectores reciben pedidos de autorización mediante una hoja con los materiales que necesitan, nombre y DNI del solicitante. .

La nueva modalidad funciona hace pocos días pero todavía no se había hecho pública. "Cuando un vecino quiere hacer una refacción en su vivienda, convoca a un inspector nuestro que es quien certifica y autoriza la refacción", confirmó un vocero del Ministerio de Espacio Público.

Los materiales que se ingresan por esa vía no siempre son suficientes. Por eso, durante el verano surgieron nuevas modalidades para burlar los controles. "Hay gente que compra materiales afuera, lo ingresa en carros o carretillas y los revende. Otros levantan arena y piedras de la hormigonera (fue cerrada a mediados de 2008) y los venden a $ 80", cuenta un delegado que conoce los secretos del nuevo "negocio", a cargo de los cartoneros que viven en la villa.

Desde el Gobierno porteño admiten que es difícil frenar el ingreso "hormiga" de materiales y prometen continuar con los retenes de manera "permanente", aunque denuncian que la Policía no siempre está en el lugar. "Nosotros informamos semanalmente a la jueza a través de la Procuración, mucha de esa información ronda acerca de estas ausencias", dijo una fuente comunal.

Los controles se instalaron el 24 de enero tras una orden de la jueza Cecilia Gilardi y un acuerdo posterior entre el ministro de Justicia local, Guillermo Montenegro, y el de la Nación, Aníbal Fernández. Ahora sólo hay dos controles: uno, en la entrada principal, a un costado del denominado hotel "Sheraton"; y otro a la vuelta, frente al galpón de la empresa FlechaBus. Una camioneta con el logo de la Comuna se reparte entre las dos ubicaciones.