Si uno le preguntara a cualquier ciudadano cuántos bienes y servicios podía adquirir hace un año y cuántos puede adquirir ahora, la respuesta mayoritaria seguramente arrojaría que su poder adquisitivo cayó, a pesar de que la economía creció 9,2 por ciento.

La hipótesis, que si el INDEC no estuviese manipulado podría verificar en forma empírica, apunta a sostener la intuición de que la Argentina viene aplicando un "ajuste", con similares efectos a los implementados en otros tiempos, pero más sofisticado.

Por ahora, este "ajuste por otros medios" apenas alcanza a trascender en medio del maremoto de subsidios, feriados a manos llenas, fines de semana largo, Fútbol para todos y otros instrumentos del folclore nacional más vinculados con la demagogia
que con un país que busca pasar del crecimiento al desarrollo.

Si para el oficialismo la estabilidad de precios de la convertibilidad era la "paz de los cementerios", la magnitud del aumento de precios que vienen soportando distintos sectores, pero especialmente los más postergados, los está encerrando en otro tipo de "sepultura", la de la ausencia de perspectivas de movilidad social ascendente.

Un salario promedio alcanza apenas para adquirir medio metro cuadrado de un departamento sin grandes pretensiones en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, un empleado debería trabajar más de 8 años para poder adquirir una vivienda, siempre y cuando ahorrara la totalidad de su sueldo, una misión imposible.

Los bancos aportan poco a esa ecuación, ya que en la actualidad alquilar cuesta un tercio del valor de una cuota hipotecaria.

Para atender este contratiempo, el gobierno estudia lanzar un plan de viviendas para la clase media, pero el riesgo es que corra la suerte de muchos otros que se pusieron en marcha durante el kirchnerismo y sirvieron de poco.

Este panorama explica, en parte, por qué la presidenta Cristina Fernández no debería sorprenderse ante las tensiones entre los gremios y las empresas en el marco de la puja salarial.

El tema preocupa mucho a la Casa Rosada, en el año electoral, y por eso la jefa de Estado busca desalentar lo que denomina una "puja irracional por la distribución del ingreso".

La hipótesis oficial es que si empresas y gremios moderan sus ambiciones, las presidenciales de octubre serán un trámite para una Presidenta que ni siquiera oficializó su a esta altura obvio deseo de ser reelecta.

Pero el objetivo de moderar la puja salarial parece lejano, ya que el rango de reclamos de aumentos de los grandes gremios está entre el 28 y 38 por ciento, según la rama que se trate, y nada indica que vaya a ser menor.

Los gremios dicen que esas subas compensarán a los trabajadores por el aumento en los "precios de los supermercados", a pesar de que el Gobierno sostiene que la inflación es del 10 por ciento y multa a todas las consultoras que piensan distinto, en una
práctica pocas veces vista en la renovada democracia que en este 2011 cumplirá 28 años.

Desde el sector empresario creen que esos porcentajes de suba salarial son imposibles de afrontar sin provocar un serio impacto sobre la rentabilidad y la inversión privada.

En este escenario, el Gobierno ya comenzó a incentivar fuerte el gasto público en los próximos meses para mejorar las perspectivas en el tramo final hacia las elecciones.

Pero los sectores que toman decisiones en materia económica consideran insostenible en el mediano plazo un escenario donde la inflación promedia el 20 por ciento anual y el peso se devalúa sólo un 5 por ciento año tras año.

El hecho de que los argentinos tengan "bajo el colchón" 144.000 millones de dólares revela que la desconfianza sigue siendo alta y que la presión impositiva ahuyenta que la gente declare sus tenencias o las invierta en proyectos productivos.

Sólo en el 2010 salieron del sistema 11.086 millones de dólares más, buena parte de los cuales fueron a llenar las cada vez más costosas cajas de seguridad en los bancos.