El gobierno kirchnerista pasará a la historia como una de las administraciones más preocupadas por construir un relato en carne viva sobre los hechos políticos y económicos ocurridos durante su gestión, convencido de que la historia debe ser escrita ya mismo, sin esperar el trabajo reflexivo y ulterior de los historiadores.

Eso genera una situación curiosa, que sería de importancia menor si no afectara al órgano más sensible de la población: el bolsillo. El Gobierno en pleno tiene estrictamente prohibido, por orden directa de la Presidenta, mencionar la palabra "inflación" en cualquier entrevista, paper o documento oficial.

"Ni siquiera para negarla", la palabra inflación debe ser pronunciada, es la orden no escrita que baja desde la Casa Rosada con puntillosidad obsesiva. La primera en cumplir ese precepto es, por supuesto, la Presidenta, quien en uno de sus últimos discursos le explicó a los argentinos que lo que hay en el país es sólo "distorsión y dispersión" de precios.

La ya a esta altura ridícula estadística oficial es funcional a esa estrategia, que no tendrá marcha atrás, y menos al fragor de la campaña electoral que debe definir al próximo presidente.

La manipulación de las estadísticas, a la sombra de la intervención del INDEC adoptada hace cuatro años, opera en una estructura diseñada desde lo más alto del poder para tratar de disimular las consecuencias inflacionarias de un plan económico en cuyas bases está el germen mismo de la disparada de precios.

De paso, permitió a la Argentina ahorrar "miles de millones de dólares" en intereses que no se le pagaron a los tenedores de títulos ajustados por coeficiente CER.

En este escenario distorsionado, los formadores de precios encuentran así sustento a la hora de aplicar las remarcaciones, y el ajuste, siempre negado desde las más altas esferas del poder, se va produciendo casi naturalmente y en forma supuestamente indolora, disimulada.

Nada más lejos de la realidad: la fenomenal transferencia de recursos que este modelo está provocando preanuncia el origen de una nueva estructura económica y social, donde más del 30 por ciento de la población queda al margen de cualquier opción de progreso social.

Apunta a ser un proceso similar al aplicado en los 90 con la apertura económica indiscriminada y las privatizaciones descontroladas, pero de mayor nivel de sofisticación y sin el "salvajismo" indisimulado con que los ideólogos menemistas defendían un Plan de Convertibilidad útil para frenar la hiperinflación, pero devastador para el aparato productivo.

Las viviendas y los alquileres son un ejemplo del proceso de reconversión y transferencia de ingresos que está ocurriendo con la economía argentina.

Con el sueldo de un mes hoy se puede comprar medio metro cuadrado de un departamento, y para adquirir una vivienda media en Capital o en grandes centros urbanos del interior -de 2 a 3 ambientes, de entre 45 y 65 metros cuadrados, según las zonas- hay que pagar el equivalente a 105 sueldos de $ 4.000 mensuales, unos 100.000 dólares.

El descomunal esfuerzo que debería realizar un empleado o trabajador formal para acceder a una vivienda propia no se modificó tras la crisis de 2001/02, a pesar de la normalización y recuperación económica de estos últimos años.

En realidad, la situación empeoró, porque en la década de los 90 un sueldo medio formal equivalía a un metro cuadrado y con entre 50 y 60 sueldos se podía adquirir una vivienda media, según datos del Instituto de Economía de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y el Reporte ABC inmobiliario.

A este problema se suma que el 36 por ciento del total de asalariados, más de 4.000.000 de trabajadores, está en negro, es decir, no tiene siquiera chances de conseguir crédito alguno, y en
la mayoría de los casos tampoco puede alquilar.

En medio de las desacreditados estadísticas oficiales de precios, los aumentos que el gobierno busca disimular muestran, por ejemplo, subas del 60% en la carne y el pollo en el último año.

Los ajustes también alcanzan a los servicios (ya que con excepción de luz, gas y transporte en el área metropolitana, que en definitiva pagan todos los argentinos con los impuestos destinados a financiar subsidios) alquileres, expensas, colegios, prepagas tuvieron, en todos los casos, alzas compatibles con el ritmo inflacionario de 20/25% real, que se va consolidando como aumento promedio anual.

Pinceladas para advertir el riesgo de que la Argentina esté construyendo un nuevo espejismo, basado en emisión monetaria descontrolada, expansión irresponsable del gasto público y aplicación irracional de subsidios, que se convierta en una bomba de tiempo para la próxima administración.