El núcleo más cercano a la presidenta Cristina Fernández ya se anima a dar casi por hecho el objetivo de lograr la reelección, pero admite que la disparada de precios es una variable sobre la cual deberá trabajarse mucho para atenuar posibles nubarrones en un año de alto voltaje político.

El mismo análisis hacen en la CGT, uno de los factores de poder más importantes que sostienen el proyecto kirchnerista y que no parece dispuesto a ceder fácilmente a los maquillajes que realiza el INDEC.

Con su dolor a cuestas por la reciente muerte de su esposo, Néstor Kirchner, Cristina encaró la gira por Kuwait, Qatar y Turquía apoyada en su hija Florencia, y convencida de que este será el verano más tranquilo en materia económica desde que se inició la recuperación en el 2003.

Con una oposición diezmada, sin escándalos en el Banco Central como el 2010, ni presiones de los acreedores o cortes de energía como en otros años, y el consumo impulsado a fondo, la mayor preocupación presidencial es reducir el severo impacto que la escalada de precios está haciendo sobre los sectores más postergados.

La Asignación Universal por Hijo es un paliativo cada vez más leve ante la insostenible situación que atraviesa un vasto sector de la población imposible de cuantificar, porque la estadística del INDEC aparece tan distorsionada que vuelve imposible contar con una radiografía de lo que está ocurriendo socialmente en la
Argentina.

Que el INDEC considere que una familia tipo puede alimentarse con 579 pesos mensuales ofende el sentido común, pero sobre todo vuelve casi imposible diseñar una estrategia de contención social sustentable en el tiempo.

Las negociaciones que se vienen en materia salarial, que Hugo Moyano pretende acelerar durante el verano para llegar a marzo con los principales acuerdos cerrados, amagan dejar en ridículo las estadísticas oficiales.

El líder cegetista de origen camionero ya adelantó que buscarán ajustes del "veintipico por ciento", poco más de doble del 10,9 por ciento medido por el INDEC en 2010, y machacó con su latiguillo de que para negociar se regirá por los "precios del
supermercado".

Del otro lado, los empresarios nucleados en la UIA -la entidad que marca el pulso político del sector privado- sostienen que además de precios se debe hablar sobre cómo bajar los costos de las empresas, y por eso quieren que el gobierno se siente a la mesa de negociaciones.

Uno de los puntos que preocupa a las industrias, grandes y pymes, es la escalada de juicios por accidentes laborales, para lo cual reclaman una nueva ley de ART.

Es que en materia legal la Corte Suprema abrió una zona gris cuando habilitó a empleados a realizar juicios por la vía civil más allá de que perciban la indemnización correspondiente de la aseguradora de riesgos del trabajo.

Así, para una empresa es imposible calcular los costos por accidentes y puede ser presa fácil de estudios jurídicos que están a la pesca de oportunidades de litigio.

Los empresarios también quieren que el gobierno le ponga un techo a los reclamos de Moyano, y que los mismos no superen el 20 por ciento promedio.

El problema para esa ambición es que hay sectores, como los aceiteros, que ya cerraron acuerdos salariales por encima de esa pauta, y pueden sembrar un caso testigo para las negociaciones que vienen.

El gobierno por ahora no dio señales de estar interesado en sentarse a esa mesa, y prefiere que las negociaciones se lleven en paritarias tradicionales.

Sí hay preocupación en la Rosada por la recomposición de márgenes de utilidad que vienen llevando a cabo los sectores formadores de precios, sobre muchos de los cuales el gobierno tiene puesta la mira, pero encuentra dificultades para ponerlos en
caja.

Cuando Kirchner vivía, y en especial entre 2008 y 2009, bastaba un llamado del secretario Guillermo Moreno a una cámara empresaria o a una compañía de gran porte, para que las remarcaciones no fueran moneda corriente.

Ahora, el escenario cambió, y es usual ver cómo a diario los hipermercados cambian los precios, y siempre para subirlos.

Para colmo, los sectores más vulnerables siguen siendo los más perjudicados, porque los descuentos que aplican los híper, que suelen llegar al 20 por ciento, benefician a quienes están bancarizados y poseen tarjeta de crédito o débito.

Encima, en las zonas más postergadas los valores de alimentos y bebidas suelen ser más altos, porque al mayor costo de transporte y logística se le viene sumando el cada vez más serio problema de la inseguridad.

Es incierto qué piensa hacer la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para enfrentar el obvio crecimiento de la delincuencia.

El envío de gendarmes al conurbano y los mayores controles que se vienen realizando en centros poblados no parecen arrojar por ahora resultados.

El enquistamiento de bandas que cometen delitos al voleo representa un drama para la ciudadanía, como lo demostró el crimen del empresario Daniel Koxis en Vicente López, asesinado delante de sus hijos en medio de un robo.

Que la investigación demuestre luego que la causa fue la impericia policial no le restaría ni un ápice de dramatismo al hecho de que se trató de otro hecho grave de inseguridad.

Ante el auge de los delitos, cierta corriente de pensamiento 'progresista' viene intentando instalar la concepción de que detrás de la mayoría de los hechos delictivos hubo errores policiales, entregadores o confabulaciones políticas ocultas, como si en caso de ser ciertas esas hipótesis le quitarían algún capítulo al drama vivido por decenas de familias cuyos derechos humanos son violados a diario por el crimen.

Las fuerzas policiales -siempre cruzadas por sospechas de corrupción- parecen carecer de la estructura de inteligencia necesaria para encarar el desmantelamiento de los arsenales que, se teme, existen en distintos aguantaderos, y que junto al flagelo
del narcotráfico convierten en temerarios a grupos de delincuentes cada vez más jóvenes.

El por ahora lejano ejemplo de México debería servir de referencia a la Argentina sobre lo que ocurre cuando el Estado no actúa a tiempo para desbaratar organizaciones criminales en formación.

En este escenario, el gobierno sigue convencido, o al menos busca instalar esa idea, de que la Argentina es un país de tránsito para la droga.

Pero la sospecha cada vez más firme de que 944 kilos de cocaína se cargaron a bordo de un avión en el país para tratar de introducirlos en España, debería encender luces de alarma.

El caso de los detenidos hermanos Juliá, que se supone actuaron con cobertura de personas vinculadas al poder para llevar semejante cargamento de estupefacientes, será uno de los temas clave del verano y puede deparar sorpresas políticas de relieve.