La ilusión de más de 4 millones de jubilados de cobrar el 82 por ciento móvil se evaporó a la velocidad del rayo con que la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto para vetar la ley.

Enterado de lo que se venía en el Senado, el gobierno dejó hacer a la oposición, y hasta que Julio Cobos desempatara la votación, para no perder la oportunidad de volver a calificarlo de "traidor".

Incluso, la Presidenta ya habría tenido pensada la frase que largó dos días después en el estadio de River: "He conocido las traiciones más profundas que se puedan conocer", disparó ante enfervorizados militantes sindicales.

En otra noche de derrota, Néstor Kirchner, manejando la botonera desde Olivos, sólo le dio una instrucción al cada vez más vapuleado Miguel "Mike" Pichetto: "Hagan que la votación coincida con la salida de los últimos mineros chilenos", le ordenó cuando
las cartas estaban echadas.

Al menos -razonó el ex presidente que ya aclaró que él no está para ir al Congreso a cumplir su obligación de diputado (al fin de cuentas era cierto lo de "testimonial"- los medios audiovisuales no alcanzarían a cubrir con amplitud lo que al otro día sería tapa de los diarios.

La Casa Rosada instaló desde un primer momento que la "irresponsabilidad" de la dirigencia opositora de votar esa ley obligaría a desembolsar 40.000 millones de pesos adicionales por año, lo cual equivalía a la quiebra del Estado.

El número calculado desde la ANSeS no termina de cerrar: llevar la jubilación mínima al 82 por ciento móvil implicaba aumentarla de 1.046 a 1.426 pesos.

Esto equivalía a aumentar 380 pesos a cada jubilado que cobraba la mínima, es decir, desembolsar 4.940 pesos más por año por cada abuelo, incluyendo el aguinaldo.

Si se multiplica esa cifra por los 4.100.000 jubilados que serían alcanzados por este ajuste, el número arroja 20.254 millones de pesos, apenas la mitad de lo que propagandeó el gobierno.

Seguramente el equipo económico habrá incluido otros elementos que elevaban los egresos adicionales a 40.000 millones de pesos, o tal vez se exageraron los números para dejar en off-side a la oposición.

Pero más allá de la polémica por los números, la decisión presidencial de vetar la ley, y la de la oposición de apurar la votación sin decir de dónde saldría el dinero, reflejó la mezquindad política que inunda estas pampas desde hace décadas.

Tal vez esa deficiencia aparezca en toda su dimensión si, como se espera, a fin de año el gobierno lanza un plan "Felices Fiestas" que implicaría, entre otras medidas, un aumento extra para los jubilados que no dejaría la mínima muy lejos del 82 por
ciento móvil.

No habrá que esperar mucho entonces para sabe si el veto impuesto por la Presidenta a la velocidad del rayo encerró razones presupuestarias realistas o constituyó un nuevo acto de especulación política.