Apenas se anunció el aceptable 66 por ciento de adhesión al nuevo canje de deuda, el Gobierno inició un operativo destinado a instalar en los mercados financieros internacionales la idea de que la Argentina salió del default declarado a fines del 2001.

Pero ese dictamen llegará del mundo de las finanzas real y no por decisión o anuncio de la Casa Rosada.

La prueba de fuego para comprobarlo será la reapertura de la canilla del crédito internacional para las empresas argentinas, que por ahora sigue cerrada.

Cuando ese grifo se reabra, la otra prueba estará vinculada con el nivel de tasa al que las empresas argentinas obtendrán financiamiento, que deberá ser muy inferior al 10 por ciento anual.

Con dos canjes de deuda separados por cinco años, la Argentina logró poner fuera de default el 93 por ciento de su deuda, y eso comenzó a ser ponderado por los dueños del dinero, más en momentos en que el mundo dio una vuelta de campana tanto en Estados Unidos como en Europa.

Casi todo lo que queda de bonos impagos de la Argentina está en manos de fondos especulativos, más conocidos como `buitres`, que buscan dirimir la disputa ante los estrados internacionales, con los juicios que concentra el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa.

El resultado del canje de deuda dejó un sabor agridulce para el ministro de Economía, Amado Boudou, quien al anunciar la operación por las dudas había tirado hacia abajo las expectativas y hablado de un piso de aceptación del 60 por ciento.

El problema para él fue que los analistas se entusiasmaron con las proyecciones y llegaron a hablar de un 80 por ciento de aceptación, como ocurrió con el caso del ex titular del BCRA Mario Blejer, quien debió guardar luego sus pronósticos en algún cajón de su escritorio.

Se desconoce qué promesa de resultado habrá hecho Boudou a la Casa Rosada, pero existe algún grado de reproche de los Kirchner hacia los bancos asesores de la operación -Barclays, Citi y Deustche Bank- porque habían garantizado un nivel de aceptación mayor en el tramo mayorista del que finalmente se logró.

El problema para Boudou es que la propuesta de los bancos fue apoyada y alentada por él y su equipo.

En la city porteña era un secreto a voces que Boudou le había prometido a Cristina una aceptación no inferior al 75 por ciento, pero lo que más generó desencanto en la Rosada fue el bajo nivel de adhesión entre los tenedores de deuda mayorista.

El otro punto negativo que dejó el canje fue la promesa fallida de que la Argentina iba a volver al mercado voluntario de crédito y colocaría un bono por 1.000 millones de dólares a tasa de un dígito. Es decir, que entraría plata fresca.

Ningún bonista aceptó la propuesta y sólo estaban dispuestos a prestar a una tasa cara, del 11,8 por ciento, que debió ser rechazada por inconveniente, pero además porque hubiese sentado un precedente negativo para el sector privado que quisiera luego tomar créditos.

Quienes frecuentan la residencia de Olivos dicen que aquí reside el punto que dejó peor parado a Boudou ante la mirada presidencial.

Es que el ministro le había garantizado a Néstor Kirchner el ingreso del dinero fresco y eso llevó al ex presidente a avalar la transacción financiera.

Aquí debe tenerse en cuenta que al aceptar la reapertura del canje de deuda, los Kirchner debieron `tragarse un sapo`, luego de garantizarle al mundo que la operación liderada en su momento por Roberto Lavagna era la última.

Encima, con este resultado, no ingresará un solo dólar a las arcas oficiales y la Argentina deberá pagar por los nuevos bonos vencimientos por 1.350 millones de dólares antes de que finalice el mandato de Cristina Kirchner.

Otra vez, como en todo el mandato de los Kirchner, el campo cumplirá el rol clave de proveer las divisas necesarias para dar soporte a la expansión económica.

La otra pata clave abre numerosos interrogantes: la utilización de parte de los fondos de las jubilaciones para atender las urgencias de la economía real se puede convertir en `pan para hoy y hambre para mañana`.

Tal vez por eso, por las dudas, el diputado Kirchner admitió que el Estado "se quedaría sin fondos" si se pagara el 82 por ciento móvil en todos los haberes jubilatorios, al reclamar "realismo" a la oposición.

"A todos nos gustaría que se pudiera implementar, pero le costaría (al Estado) 145.000 millones de pesos al año, 5 mil millones menos que todo el Fondo de Sustentabilidad de la ANSeS", recordó Kirchner, mirando de reojo una caja que hace tiempo dejó de ser un barril sin fondo.