Tanto empeño pone el Gobierno en frenar el alza de precios, y bien que hace porque fue un talón de Aquiles en la historia económica del país, que corre el riesgo de generar un índice artificial de costo de vida.

Hace rato que la gente en la calle tiene una sensación térmica distinta a la de los índices oficiales, tal vez porque como nunca parece existir un divorcio entre los precios regulados y los que quedaron fuera de los acuerdos y que afectan sobre todo a sectores medios y altos.

Felisa Miceli se trazó el objetivo de que la inflación medida por el INDEC, este año, no debe superar el 10 por ciento.

La ministra de Economía no lo dirá en voz alta, porque no quiere cometer el mismo error que un funcionario de su cartera, cuando vaticinó inflación cero para un mes de este año, lo cual no se cumplió.

En pos del objetivo de alcanzar un bajo costo de vida, el Gobierno viene librando una dura batalla: firmó acuerdos con todos los sectores que pudo y salió a cruzar a cuanta rubro amagó con aumentar precios.

Apretó el acelerador con préstamos hipotecarios blandos ahora que alquilar se convirtió en un dolor de cabeza para cientos de miles de inquilinos, y llamó al orden a las empresas de medicina prepaga, que por ahora debieron rebobinar con el ajuste de cuotas.

También están en la mira los colegios privados y otras actividades de un sector servicios que presiona por mejorar su renta luego del impacto de la devaluación, que triplicó muchos de sus costos sin poder aumentar precios.

Pero un tema que comenzó a ganar adeptos en el mundillo económico es que se abre más la brecha entre la inflación estadística y la no regulada.

A esto se suma que, debido a las subas en el costo de algunos servicios, la inflación afectó más a la clase media y a las personas de mayores ingresos en el primer semestre de este año.

Si se analiza el comportamiento de los precios por quintiles, es decir, dividiendo a las clases sociales en cinco partes, aparecen con claridad las diferencias en el impacto del costo de vida.

El costo de la canasta de consumo del quintil más rico se encareció 5,8 por ciento en el primer semestre, nueve décimas por encima del alza de la inflación, que alcanzó el 4,9.

Pero para el primer quintil la inflación fue del 3,3 por ciento; para el segundo, del 3,8; el tercero, el 4,4; y el cuarto, el 5.

Estas diferencias se deben, en parte, a los acuerdos de precios, que lograron reducir al mínimo la suba de precios en los alimentos, que en el caso de la población de menos recursos representa casi la mitad de su gasto.

Las diferencias más notables entre los dos extremos se da en los servicios: en el rubro Vivienda y servicios básicos -que incluye a las expensas- la diferencia llega al 4,1 por ciento, y en educación alcanza al 3,7.

Según un estudio de Macroeconomía MVA, tomando como 100 a los precios de fines de 2001, el costo de vida está en 184 puntos.

Pero la parte regulada suma 134, mientras que la no regulada llega a 197.

Existe una brecha de 60 puntos entre los precios controlados (especialmente tarifas y algunos combustibles) y los que no lo están.

Si este escenario se presenta cuando aún no se autorizaron subas de tarifas, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando el gobierno empiece a autorizar ajustes, una medida que comenzó a insinuarse tímidamente.

El "ahorro" fiscal.

Las cuentas públicas siguen reflejando el boom de la recaudación, con un superávit que rondó los 2.000 millones de pesos en julio.

El Estado mantiene un signo positivo en su frente fiscal que permite dotar de solidez al rumbo económico.

De todos modos, existe la intención oficial de destinar parte de ese superávit primario al pago de deuda, y además la obligación de ir afrontando intereses.

Por esa razón, el ahorro fiscal es menor al que se cree, y lo será aún más si, como se espera, el gasto empieza a crecer con más fuerza a medida que se acercan las elecciones del 2007.

La hora del crédito.

Esta semana el Banco Central debería reglamentar medidas para permitir que las entidades bancarias financien hasta el 100 por ciento del valor de la vivienda.

Hay expectativa en la city por la forma en que Martín Redrado y su equipo definirán el encuadre técnico de esa decisión ya anunciada por el presidente Néstor Kirchner.

El tema está cruzado por fuertes presiones políticas porque el impacto de la medida es obvio, teniendo en cuenta que hay más de dos millones de inquilinos en todo el país que se podrían beneficiar.

Por lo pronto, los bancos públicos parecen dispuestos a hacer punta y anunciarían en los próximos días líneas de crédito de hasta 30 años con un interés menor al 12 por ciento anual.

Los bancos Nación, Provincia y Ciudad encabezarían la movida, pero otras entidades de gran porte del sector privado bucean caminos similares.

El problema es que el alargamiento de los plazos y la baja de los intereses seguiría sin alcanzar para permitir que un inquilino transforme el valor del alquiler en una cuota hipotecaria.

Los números todavía no cierran y por eso hay gestiones desde los bancos para que Economía habilite un mecanismo de tasa subsidiada similar al que usa para apoyar créditos a pymes, que por ahora Miceli no aplicará.

El BCRA permitirá a los inquilinos acceder a un crédito siempre y cuando demuestren haber cumplido puntualmente con al menos 10 cuotas de alquileres.

Asimismo, los bancos podrán prestar con exigencias leves el 100 por ciento del valor de un inmueble por hasta 200 mil pesos, y el 90 por ciento en el caso de una vivienda de entre 200 mil y 300 mil, como se anunció.

Como complemento de las medidas del BCRA, Economía beneficiará impositivamente a quienes construyan viviendas medianas mediante la devolución anticipada del IVA.

Son medidas que provocarán una fuerte demanda de créditos hipotecarios, aunque aún no está claro si los bancos podrán comprometer fondos a 30 años cuando el promedio de las colocaciones a plazo fijo en muchos casos no supera los 180 días.