Tras el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa, quedó claro que el enfrentamiento con el campo, un problema que el gobierno nunca supo resolver, amaga convertirse en un dolor de cabeza de consecuencias imprevisibles en este año electoral.

A esta altura aparece con claridad que el gobierno cometió un error garrafal a principios de marzo del 2008, cuando a un inexperto ministro Martín Lousteau se le ocurrió el desaguisado de las "retenciones móviles".

Justo cuando el país afrontaba la oportunidad de vender la soja a los precios altos que todavía pagaba el mercado internacional, el recientemente electo gobierno de Cristina Kirchner puso un palo en la rueda que marcó a fuego su primer año de gestión, y le propinó un cachetazo que dejó abierta una herida muy difícil de
cerrar.

Ahora, el campo mantiene retenidos 9 millones de toneladas de soja como mecanismo de presión a un gobierno que ve semana tras semana cómo el ingreso de divisas se desacelera en forma peligrosa e impide seguir acumulando reservas a buen ritmo.

El gobierno nunca entendió el rol clave que el sector agropecuario podía jugar, y limitó su función a proporcionador de divisas para financiar los subsidios al sector servicios, los planes sociales y el apoyo a la industria.

Del otro lado de la mesa, encontró una dirigencia agropecuaria endurecida por la presión de las bases, y curtida al calor de mil batallas, que parece dispuesta a hacerle pagar en las urnas el cierto desprecio mostrado por el kirchnerismo a su actividad.

Alguna vez, la presidenta Cristina Kirchner dijo que la soja era un "yuyo", una desafortunada expresión que atinadamente nunca repitió.

Si algo faltaba, sobre el final de una semana complicada surgió el rumor de la posible nacionalización del comercio exterior de granos luego de 17 años.

La versión llenó de nerviosismo el mercado agrícola y motivó una megareunión de urgencia de jugadores de peso en el sector exportador, esos que movilizan millones de dólares cada vez que mueven una pieza en el ajedrez del comercio mundial.

El jueves por la noche en la Mesa de Enlace tenían el convencimiento de que el Gobierno, pero en especial el todopoderoso Néstor Kirchner, avanzaba con la idea de transformar la ONCCA en una suerte de Junta Nacional de Granos, el organismo
que intervenía en el comercio de granos y que fue liquidado por Domingo Cavallo en 1992.

La jugada cumpliría el rol de lanzar la avanzada final sobre los sojeros para que liquidaran los granos que mantienen guardados en silos que están siendo monitoreados desde el aire por inspectores de la AFIP y de ARBA, la agencia a cargo de Santiago
Montoya.

Si se vendieran esos granos, en pocas semanas ingresarían al país unos 6.700 millones de pesos, ya que la soja opera a 750 pesos la tonelada.

En dólares, representaría unos 2.000 millones para robustecer las reservas del Banco Central, que le darían más poder de fuego al gobierno en medio de la tendencia alcista que mostró el dólar en las últimas semanas, pero también robustecer la recaudación impositiva por retenciones.

Si bien no lo oficializó, habría un compromiso no escrito del Poder Ejecutivo para evaluar en serio una baja de las retenciones a la soja una vez que se liquiden las toneladas de soja almacenadas.

Los industriales también en guardia.

El campo, donde varios de sus principales dirigentes coquetean con la oposición, no es el único sector empresario preocupado en esta coyuntura.

Los industriales, que volverán a ser conducidos por Héctor Méndez (sector plástico), también enfrentan una encrucijada.

Es un secreto a voces que "nadie quería agarrar" en la UIA para reemplazar al metalúrgico Juan Carlos Lascurain, y que por ello se apeló nuevamente a Méndez para conducir la entidad en un año muy difícil.

En el sector fabril hay preocupación porque consideran que el nivel de protección en medio de la debacle económico mundial debería ser mucho mayor.

También existe inquietud por las paritarias que vienen, e hicieron llegar a la Casa Rosada un mensaje claro de que si se quieren evitar despidos habrá que ponerle coto a las demandas de aumentos salarial de los gremios.

Pero hay otro tema que desvela a los popes fabriles: consideran que el dólar debería estar a cuatro pesos, y se disponen a impulsar todo el lobbie necesario para lograrlo.