La estatización del sistema de AFJP representará un desafío inédito para el barril sin fondo de la "caja política", ya que de un plumazo pasarán a manos del Estado casi 100.000 millones de pesos administrados en la actualidad por las AFJP, más de mitad de los cuales son títulos públicos.

No fue casual que la presidenta Cristina Kirchner buscara dar garantías sobre el manejo austero de esos fondos, al rechazar de plano que esta nueva estatización de su gestión esté vinculada con una intento de quedarse con la fenomenal caja de las jubilaciones, un tesoro apetecible ante la proximidad de un año electoral que promete ser duro.

En esa línea, el gobierno aunció que se creará una Comisión Bicameral se seguimiento de los fondos administrados por la ANSeS, lo cual puede ser un buen punto de partida para evitar abusos.

Más de la mitad de esos fondos acumulados por las AFJP son bonos públicos, por lo que la deuda pública neta se reducirá, pero aumentará la llamada deuda implícita, porque el Estado asume el compromiso de pagar las jubilaciones futuras de toda la gente transferida.

De cara a la sociedad argentina, la señal política encierra múltiples interrogantes, ya que representa otro giro diametral en una política de Estado, luego de catorce años de sistema de capitalización.

El gobierno, apurado por poner en marcha el nuevo régimen a partir del primero de enero del 2009, buscará acelerar la semana próxima el tratamiento de esa iniciativa, partida de defunción de las AFJP y que provocará el despido de 11 mil empleados que
prometen ser absorbidos por la ANSeS.

A los afiliados al sistema de capitalización, el Estado les reconocerá los fondos acumulados en sus cuentas individuales, pero los calculará como si hubiesen sido hechos al Estado.

Según el Gobierno, la caída en los niveles de rentabilidad que soportó el régimen de capitalización por la crisis internacional derivaría en que la jubilación estatal sea en estos momentos mayor a la que arroja la privada.

El razonamiento, en este marco de crisis financiero global, encuentra razón, pero las mayores dudas están planteadas porque, de alguna manera, con este anuncio la Argentina retoma el camino de "caja negra" para los haberes jubilatorios.

A partir de los cambios en el sistema previsional se retomará un mercanismo cuestionado históricamente por los argentinos, donde una persona hace aportes durante su vida laboral y, cuando llega la hora de jubilarse, desconoce cuánto rindieron, cómo
evolucionaron y cuánto le debería corresponder como haber.

Históricamente el sistema previsional argentino fue de fracaso en fracaso, porque también existen fuertes cuestionamientos al blanqueo que el gobierno kirchnerista decidió para permitir que un millón de personas, muchas de las cuales nunca habían aportado al sistema, pudieran acceder a una jubilación mínima.

En una hora difícil para el mundo, la Argentina vuelve a dar una voltereta en el aire y sólo la transparencia y la honestidad de su clase dirigente, y la madurez de la sociedad, podrá impedir que, otra vez, vuelvan a utilizarse fondos públicos de los
jubilados para financiar campañas políticas.

Un gran interrogante es cómo hará el Gobierno nacional para evitar la tentación de echar mano de los 15.000 millones de pesos anuales que, si se aprueba el proyecto, comenzará a percibir extra a partir del 2009 por aportes jubilatorios.