La administración kirchnerista tardó más de cinco años y medio en comprobar que el atraso de tarifas de servicios subsidia en especial a usuarios medios y grandes, y de que el congelamiento tarifario en un contexto inflacionario frenó inversiones clave en
energía, imprescindibles para sostener el crecimiento.

La estrategia tampoco cerraba para concretar una política razonable de redistribución del ingreso, ya que el congelamiento tarifario terminó favoreciendo a los sectores de mayor poder adquisitivo, que en definitiva son los que más utilizan la energía.

Y hasta se podría concluir que, al contrario, terminó perjudicando a los estratos más pobres, porque las empresas no hicieron las obras necesarias para llevar el servicio energético a las zonas del país más postergadas.

Desde el punto de vista del mediano y largo plazo, la ecuación energética comenzó a hacer agua.

El propio ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, lo admitió, al señalar que las concesionarias de servicios estaban el límite de su capacidad operativa y si no se aumentaban tarifas, o se subían los subsidios, podía empezar a haber problemas con el
suministro.

Obsesionado por la tapa de los diarios, el Gobierno de los Kirchner siempre fue reacio a anunciar aumentos de tarifas, por el costo político que podía implicar.

Cuando el gobierno de Néstor Kirchner llegaba a su fin, trascendió un diálogo entre el entonces presidente y un empresario de confianza sobre este espinoso tema.

El empresario le consultó al presidente por qué no aumentaba las tarifas, después de tantos años.

Y Kirchner le contestó: "Yo te autorizo el aumento si vos me garantizás que mañana no sale en la tapa de todos los diarios".

Ahora, con Cristina Kirchner en la cúspide del poder, podría iniciarse un camino de sinceramiento de la situación tarifaria.

Esto ayudaría también a dotar de mayor transparencia al Estado Nacional, ya que no es saludable que un Gobierno maneje a discreción 40.000 millones de pesos anuales en subsidios a decenas de sectores de la economía.

Pero el desafío de fondo para el gobierno de Cristina es evaluar cuáles son las razones por las cuales los grandes inversores internacionales siguen desconfiando de la Argentina y por eso no traen su dinero para concretar las obras en infraestructura que hacen falta.

Justo es decirlo: tras años de modestas inversiones, la Argentina puede contar en la actualidad con servicios aceptables en electricidad, gas, agua y telefonía, entre muchos otros, por el vendaval de inversiones que la política de apertura indiscriminada de Carlos Menem concretó en los 90, con errores incluidos.

Ahora, el desafío es lograr que las inversiones retornen, y se canalicen con transparencia y a gran escala hacia los sectores que la demandan como el agua.