Las retenciones móviles, un término inexistente hace unos meses en el vocabulario político de la Argentina, se convirtieron en el símbolo de una pulseada sin precedentes entre visiones distintas sobre el modelo de país.

Para el Gobierno nacional, que el Congreso convierta en ley esa medida se terminó transformando en una pelea de "vida o muerte", como parece haberlo entendido el ex presidente Néstor Kirchner, quien piloteó en persona el operativo sobre el Congreso para darle media sanción en una votación ajustadísima.

Kirchner llamó casi uno por uno a los diputados para recordarles el compromiso con la causa: "Yo no aprieto diputados. Les hago recordar dónde pertenecemos y por qué nos votaron", disparó el ex presidente, un hombre al que es difícil decirle que no.

El jefe del PJ está convencido de que hubo un intento de desestabilizar al gobierno de su esposa Cristina Fernández, y considera que las entidades ruralistas jugaron su rol en esa supuesta intentona de la que no apareció hasta ahora prueba alguna, más que el mal humor de una sociedad harta de enfrentamientos.

En el fondo, la gran discusión está vinculada con la forma en que se debe distribuir la riqueza y en el rol que cada una de las instituciones del país debe cumplir en esa puja.

Algunas conclusiones ya se pueden sacar de un conflicto que hundió al país en la incertidumbre desde principios de marzo, y que promete dejar profundas huellas sobre el fenomenal crecimiento "a tasas chinas" que venía mostrando la Argentina desde el 2002.

La pelea, que incluyó prolongados cortes de ruta, interrumpió la cadena de pagos en el interior del país y generó un parate en la economía que todavía no se nota con toda su fuerza en los grandes centros urbanos, pero que en algún momento llegará.

Ya hay sectores que empezaron a sentir en carne propia las consecuencias se semejante disputa: en junio, las producción automotriz cayó 8,5 por ciento respecto de mayo.

El sector automotriz es el más dinámico de la economía argentina, y por ello los números de junio, que los elabora la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y no el INDEC, encendieron luces de alarma.

Lo mismo ocurre con las proyeccciones que realizan distintas consultoras sobre la posibilidad de que en el segundo semestre del año se produzca una desaceleración económica, y que algunos ya llaman "agfriamiento", en alusión a un parate provocado por el conflicto del agro.

Ya son numerosos los analistas que advierten sobre las incoherencias de un conflicto que le puede costar muy caro al país.

"Ningún país castiga a los sectores que producen dinero", recordó el analista agropecuario Carlos Marín Moreno.

Por su parte, el ex secretario de Industria Dante Sica pidió otorgarle "mayor previsibilidad" al campo porque la política agropecuaria generó desincentivos a los sectores cárnico y lácteo.

Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), su titular, Adolfo Ablático, advirtió que en la Argentina "no hay buen clima de negocios" y señaló que en estas condiciones el país "se encamina a perder otra oportunidad histórica".

Un dato es claro: hace varios años que las inversiones extranjeras dejaron de llegar a la Argentina, porque el establishment financiero internacional le sacó tarjeta roja luego de que dejó un tendal de bonistas sin cobrar.

Quienes conocen el día a día del orden financiero mundial advierten que en algún momento los que toman decisiones en esas esferas siempre viscosas le harán sentir al país semejante afrenta.

Tal vez porque es consciente de esa amenaza, el matrimonio Kirchner continúa empecinado en robustecer la caja vía aumentos de impuestos como las retenciones móviles, que si bien serán distribuidas en acción social, se lo hará siempre bajo la chequera oficial.

Cualquiera sea el desenlace en el conflicto con el campo, está claro que la Argentina ya no es la misma Nación pujante que dejó Néstor Kirchner cuando le pasó el bastón de mando a su esposa.

En medio de estas turbulencias, el Gobierno parece haber logrado meter una cuña entre las entidades ruralistas, al impulsar el proyecto de ley de Arrendamiento, muy caro para los intereses de la Federación Agraria, porque obligará a los pooles de siembra
a alquilar al menos durante cinco años los campos.

Tal vez por ello, la Federación Agraria conducida por Eduardo Buzzi y hasta el propio Alfredo De Angeli no son partidarios de volver a las rutas, aunque ya advirtieron que no aceptarán canjear las retenciones móviles por la ley de Arrendamiento.

En algunas entidades ruralistas no descartan un retorno a las rutas que podría poner al país nuevamente patas para arriba.

La crispación domina el centro de la escena y vaticina que los nubarrones llegaron para quedarse largo tiempo.