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Una disputa que pone al país en vilo
25 de mayo de 2008
Este lunes el campo fue nuevamente convocado por el Gobierno para tratar de hallar una salida al conflicto que cada vez se observa con peor pronóstico.
Si algún distraído aún cree que la disputa entre el Gobierno y el campo obedece a una suerte de "teléfono descompuesto", o a la incapacidad de unos para comunicarse con los otros, nada más lejos de la realidad.
El conflicto se debe a una concepción diametralmente opuesta de la política agropecuaria, cuyo epicentro son las retenciones a las exportaciones, un polémico impuesto que algunos teóricos de la economía tributaria empiezan a considerar "ilegal", y que en la Argentina fue clave para apagar el incendio social que dejó la
hecatombe de 2001.
Fue el campo, con sus ricas exportaciones, el que financió los planes sociales que le dieron de comer a millones de argentinos sumergidos en la pobreza, y que así evitó que el país cayera en el abismo.
El problema es que el agro ya no parece dispuesto a seguir permitiendo que le metan la mano en el bolsillo aumentando los derechos de exportación a niveles estratosféricos, para llenar la ‘caja negra’ de subsidios de todo tipo que el Poder Ejecutivo
pretende seguir manejando a voluntad.
Así las cosas, el Gobierno de Cristina Kirchner buscó ganar tiempo el jueves cuando citó a los ruralistas a volver al diálogo luego del levantamiento del paro.
Porque su intención fue demorar la definición sobre las retenciones móviles para después del acto que la Presidenta encabezó en Salta, donde habló de un Acuerdo del Bicentenario que por ahora es sólo un cúmulo de enunciados de buena voluntad.
No alcanzó con la verba a prueba de balas del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para convencer a los hombres de campo, que hasta fantasearon con atrincherarse en el Ministerio de Economía: los dirigentes del agro se convencieron de que no había más margen de maniobra y dieron por concluido el diálogo, apenas una hora y media después de haber comenzado.
Si el Gobierno subestimó otra vez al campo, el tiempo lo dirá, pero está claro que existe un obstáculo de fondo que impedirá, nadie sabe por cuánto tiempo, superar el conflicto más serio con el agro desde el retorno a la democracia en 1983.
En el Gobierno, con el ex presidente Néstor Kirchner como ala dura a la cabeza, están convencidos de que en el fondo lo que el agro busca es dejar de pagar retenciones, esa porción cada vez mayor de sus exportaciones que debe dejar, con todo el dolor del
alma, en el barril sin fondo del Fisco cada vez que cierra una venta al exterior.
En la vereda de enfrente, en el campo consideran que el "modelo productivo" impulsado desde la Casa Rosada los tiene como furgón de cola, porque el gran objetivo es promover la industrialización del país "a costa del esfuerzo" de miles y miles de chacareros, que proveerán las divisas necesarias para concretarlo.
Esta suerte de nueva división del trabajo "a la argentina", encuentra a los productores con alto grado de organización y, como nunca, unidos por el espanto.
Si algún distraído aún cree que la disputa entre el Gobierno y el campo obedece a una suerte de "teléfono descompuesto", o a la incapacidad de unos para comunicarse con los otros, nada más lejos de la realidad.
El conflicto se debe a una concepción diametralmente opuesta de la política agropecuaria, cuyo epicentro son las retenciones a las exportaciones, un polémico impuesto que algunos teóricos de la economía tributaria empiezan a considerar "ilegal", y que en la Argentina fue clave para apagar el incendio social que dejó la
hecatombe de 2001.
Fue el campo, con sus ricas exportaciones, el que financió los planes sociales que le dieron de comer a millones de argentinos sumergidos en la pobreza, y que así evitó que el país cayera en el abismo.
El problema es que el agro ya no parece dispuesto a seguir permitiendo que le metan la mano en el bolsillo aumentando los derechos de exportación a niveles estratosféricos, para llenar la ‘caja negra’ de subsidios de todo tipo que el Poder Ejecutivo
pretende seguir manejando a voluntad.
Así las cosas, el Gobierno de Cristina Kirchner buscó ganar tiempo el jueves cuando citó a los ruralistas a volver al diálogo luego del levantamiento del paro.
Porque su intención fue demorar la definición sobre las retenciones móviles para después del acto que la Presidenta encabezó en Salta, donde habló de un Acuerdo del Bicentenario que por ahora es sólo un cúmulo de enunciados de buena voluntad.
No alcanzó con la verba a prueba de balas del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para convencer a los hombres de campo, que hasta fantasearon con atrincherarse en el Ministerio de Economía: los dirigentes del agro se convencieron de que no había más margen de maniobra y dieron por concluido el diálogo, apenas una hora y media después de haber comenzado.
Si el Gobierno subestimó otra vez al campo, el tiempo lo dirá, pero está claro que existe un obstáculo de fondo que impedirá, nadie sabe por cuánto tiempo, superar el conflicto más serio con el agro desde el retorno a la democracia en 1983.
En el Gobierno, con el ex presidente Néstor Kirchner como ala dura a la cabeza, están convencidos de que en el fondo lo que el agro busca es dejar de pagar retenciones, esa porción cada vez mayor de sus exportaciones que debe dejar, con todo el dolor del
alma, en el barril sin fondo del Fisco cada vez que cierra una venta al exterior.
En la vereda de enfrente, en el campo consideran que el "modelo productivo" impulsado desde la Casa Rosada los tiene como furgón de cola, porque el gran objetivo es promover la industrialización del país "a costa del esfuerzo" de miles y miles de chacareros, que proveerán las divisas necesarias para concretarlo.
Esta suerte de nueva división del trabajo "a la argentina", encuentra a los productores con alto grado de organización y, como nunca, unidos por el espanto.