La presidenta Cristina Kirchner se fijó el ambicioso objetivo de anunciar el 25 de mayo próximo, a dos años del Bicentenario, un gran proyecto nacional que sea la etapa superior del "modelo productivo" y fije el rol de cada sector de la economía con vistas a pasar del crecimiento al desarrollo sostenido, durante los próximos años.

En ese "gran acuerdo", cada sector de la economía debería tener un rol clave: las petroleras, incrementar la producción para satisfacer la mayor demanda generada por el crecimiento; la industria, aportar el valor agregado suficiente para llegar en
algún momento a producir tecnología de punta; las empresas de servicios, la infraestructura necesaria para que todo lo demás funcione; los bancos, el financiamiento para la producción; y así se podría seguir.

En esa estrategia con la que sueña la Presidenta, convencida de que llegó al Gobierno para completar y mejorar la calidad de lo logrado por la administración de su esposo, aún falta definir el rol del sector agropecuario, tal vez el más alejado, ideológica,
social y culturalmente, del ideario kirchnerista.

Parte de ello explica el duro enfrentamiento que protagonizaron el Gobierno y el campo -el más grave desde el retorno de la democracia- en las últimas semanas, que amagó con poner el país patas para arriba por el desabastecimiento de carnes y cereales.

La pelea, todavía con final abierto, amenazó la paz social y volvió a traer la discordia a una Argentina que quiere apostar a la pacificación después de un siglo de enfrentamientos estériles que hicieron que el país retardara su crecimiento a pesar de
contar con todas las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo.

Hubo datos que no trascendieron, pero a las bochornosas piñas en la Plaza de Mayo entre Luis D`Elía y algunos "caceroleros", y los acampes de disuasión ordenados por Hugo Moyano en las rutas entrerrianas, se sumaron informes sobre movimientos de dudoso
origen en diversas villas del conurbano bonaerense y la Capital juntando gente para trasladarse a puntos del interior con el fin de romper los piquetes del agro, que finalmente no hicieron falta porque se levantó por 30 días la medida de fuerza.

Así, en un marco que entremezcla lo económico y social, pero fundamentalmente lo político, ahora el desafío del Gobierno y del agro es encontrar puntos de acuerdo para que no se repitan estos gravísimos episodios.

Uno de los problemas que afronta el Gobierno es quién será el interlocutor con el campo en la discusión que se viene.

Desde el agro reclaman que sea alguien que "conozca" la realidad del sector, e incluso deslizaron el hombre de Felipe Solá, el ex gobernador bonaerense que fue secretario de
Agricultura de Carlos Menem en los 90.

Los productores preferirían que no fuera Martín Lousteau, porque responsabilizan al ministro de Economía de haberse fijado sólo en recaudar más sin calcular el impacto de su rimbombante anuncio de retenciones móviles, justo en un momento en que el agro
ya tenía todos los cálculos hechos para la cosecha.

Menos quieren a Guillermo Moreno, el hombre que en pleno acto de la Plaza de Mayo hizo un gesto de "les vamos a cortar la cabeza", en un diálogo con mímica con Lousteau que la televisión transmitió a todo el país.

Javier De Urquiza, el complicado secretario de Agricultura, es visto como un hombre sin poder en el Gobierno, a pesar de que valoran su conocimiento de la problemática agropecuaria.

Así las cosas, y más allá de que las cuestiones técnicas se resuelvan con las segundas líneas, a los dirigentes agropecuarios les gustaría sentarse cara a cara con la Presidenta, en los contactos que arrancan la semana próxima.

A los chacareros les gustaría saber si, en la política de Estado que está diseñando la Presidenta, el campo seguirá teniendo un rol de sostén del superávit fiscal y de los planes sociales, o existe un plan para transformar a la agroindustria en uno de los
puntales de una Argentina camino al desarrollo.