La disputa entre el Gobierno y el campo tiene como raíz un litigio por miles de millones de dólares, que refleja el hartazgo del interior del país de que le metan la mano en el bolsillo, y cuenta con el respaldo de numerosos gobernadores e intendentes,
que pugan por un "reparto más equitativo" de la torta impositiva.

El convencimiento que tiene el "interior profundo" de que los gobiernos centrales priorizan a los grandes centros urbanos porque son los que ganan la tapa de los diarios a la hora de protestar, explica la aspereza, solidez y persistencia del conflicto liderado a esta altura por miles de productores anónimos que se fueron de
las manos de las asociaciones ruralistas.

Así, el conflicto ya no es entre CRA, Federación Agraria o Sociedad Rural con el Gobierno, sino entre pequeños y medianos productores hartos de poner cientos de millones de dólares en impuestos y darse cuenta de que esa plata no regresa en obras a
sus pueblos o ciudades.

En el interior no sólo se quejan de carecer de la infraestructura adecuada en rutas y servicios sanitarios, sino también de tener que enviar a sus hijos a la gran ciudad para que puedan seguir una carrera, o que a la hora de atender problemas graves de salud deban recurrir a centros asistenciales porteños.

En esa lógica se inscribe el pedido del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, para que se reformulen las retenciones agropecuarias, y que parte de esa renta se coparticipe con las provincias.

Es que las retenciones fueron un mecanismo ideado por el Gobierno para que los fondos por impuestos lleguen directamente a las arcas del Tesoro.

Si, por ejemplo, el campo pagara más por Ganancias que por retenciones, esos miles de millones de dólares ingresarían en la torta de la coparticipación, y llegarían en forma más directa a las provincias e intendencias.

Y ni que hablar si la Coparticipación se distribuyera con Justicia económica, y los aportes que hicieran los productores volviese a la provincia que pertenecieran, porque allí distritos como Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos
contarían con muchos más recursos de los que disponen con la estructura impositiva actual.

Sólo en el caso de Entre Ríos, la provincia transfiere unos 1.800 millones de pesos anuales que no regresan, según precisó Luis Etchevere, presidente de los ruralistas entrerrianos.

Eso explica que Binner haya salido a reclamar cambios, que son acompañados en silencio por sus pares de Córdoba y Santa Fe, que no han hablado en voz alta por presiones políticas que reciben desde el gobierno nacional.

Las provincias e intendencias del interior consideran que debe haber una participación activa de los gobernadores y de los ministros, en especial de aquellas que son fundamentalmente agropecuarias como la propia Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos
Aires y La Pampa, en la definición del esquema de retenciones.

En el campo sostienen que el Gobierno cometió el "error" de confundir a la mayoría de los productores con grandes terratenientes como Gobocopatel, el "zar de la soja", Elsztain, quien tiene 400 mil hectáreas de Cresud, George Soros (200 mil de
Adecoagro) o los Whertein, Bemberg o Fortabat, que poseen más de cien mil hectáreas en zonas intensivamente agrícolo ganaderas.

"Esta es una protesta genuina, de los que usamos la 4x4 para recorrer el campo y no para presumir en la gran ciudad", disparó uno de los productores apostados en las rutas entrerrianas.

Así, el enfrentamiento parece ir camino de exceder lo económico, y convertirse en un llamado de atención de los productores a un Gobierno que, para ellos, tiene su corazón y sus intereses puestos en El Calafate, demasiado al sur.