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Cristina ordenó informar cuánto cobran abogados en La Haya
La presidenta electa le exigió al canciller que "de inmediato" difunda cuál es el monto que se abona a los letrados que representan a la Argentina en conflicto con Uruguay
5 de noviembre de 2007
La presidenta electa, Cristina Fernández, le exigió al canciller Jorge Taiana que "de inmediato" difunda cuál es el monto que se abona a los letrados realizan ante el tribunal internacional.
Antes se había declarado esa información como "un secreto de Estado".
Los abogados defienden la posición argentina en el marco del conflicto con Uruguay por la pastera Botnia, en Fray Bentos.
La nueva mandataria electa ordenó al ministro de Relaciones Exteriores que se deje sin efecto la validez del decreto que declaró que el monto que se pagaba a los letrados que actúan ante el tribunal internacional de La Haya no sea difundido a la población.
La senadora nacional salió así a neutralizar la polémica que se generó el fin de semana, cuando el diario Clarín difundió la instalación del secreto de Estado sobre el monto que percibían los abogados que actúan en la demanda que la Argentina mantiene en ese tribunal internacional que debe definir sobre la puja jurídica entre la Argentina y Uruguay.
La Cancillería había declarado que, por más que se trata de fondos públicos, no deben darse a conocer los montos por una cuestión de seguridad que podría incluso “poner en riesgo la posición argentina en la controversia”.
Se trata de cuatro abogados a los que se contrató para llevar adelante la demanda en la Corte Internacional de Justicia, a los que además, se les abonan viáticos.
Los honorarios de los juristas suelen correr por hora, para trabajos que en este proceso duraron hasta tres días de audiencias y requirieron de reuniones previas.
Según publicó ayer el diario Clarín hizo varios pedidos para conocer cuánto se abonaba por esa actividad, que nunca fueron contestados.
Antes se había declarado esa información como "un secreto de Estado".
Los abogados defienden la posición argentina en el marco del conflicto con Uruguay por la pastera Botnia, en Fray Bentos.
La nueva mandataria electa ordenó al ministro de Relaciones Exteriores que se deje sin efecto la validez del decreto que declaró que el monto que se pagaba a los letrados que actúan ante el tribunal internacional de La Haya no sea difundido a la población.
La senadora nacional salió así a neutralizar la polémica que se generó el fin de semana, cuando el diario Clarín difundió la instalación del secreto de Estado sobre el monto que percibían los abogados que actúan en la demanda que la Argentina mantiene en ese tribunal internacional que debe definir sobre la puja jurídica entre la Argentina y Uruguay.
La Cancillería había declarado que, por más que se trata de fondos públicos, no deben darse a conocer los montos por una cuestión de seguridad que podría incluso “poner en riesgo la posición argentina en la controversia”.
Se trata de cuatro abogados a los que se contrató para llevar adelante la demanda en la Corte Internacional de Justicia, a los que además, se les abonan viáticos.
Los honorarios de los juristas suelen correr por hora, para trabajos que en este proceso duraron hasta tres días de audiencias y requirieron de reuniones previas.
Según publicó ayer el diario Clarín hizo varios pedidos para conocer cuánto se abonaba por esa actividad, que nunca fueron contestados.