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Ambientalístas irán con sus reclamos hasta Chile
Los ambientalistas de Gualeguaychú irán con su reclamo contra la pastera Botnia a la Cumbre Iberoamericana que se realizará la semana próxima en Santiago
3 de noviembre de 2007
Los ambientalistas de Gualeguaychú llevarán su reclamo contra la instalación de la pastera finlandesa Botnia a Santiago de Chile, cuando la semana próxima se realice en la Cumbre Iberoamericana.

Esta iniciativa se suma a un paquete de medidas que fueron delineando los vecinos de Entre Ríos en asamblea.

La idea es enviar a Chile una delegación y evidenciar la protesta ante todos los presidentes del continente, el Rey de España y el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El asambleísta Andrés Rivas señaló que en Chile "se va a tratar de hablar con los presidentes Tabaré Vazquez y Néstor Kirchner" y que se le pedirá al mandatario argentino que "se mantenga firme con la postura de la relocalización, porque es una cuestión de Estado".

"La idea de ir a Santiago es estar presentes mientras los presidentes estén reunidos, para recordarles a Vázquez, a Kirchner, al Rey y a Rodríguez Zapatero, que hay un pueblo que está pendiente de las decisiones que puedan tomar", reforzó el vecino José Pouler.

"Es un acto de presencia de la asamblea para que nos tengan en cuenta en el momento de delinaer lo que va a ser un eventual acuerdo en esta cumbre, y que vean que Gualeguaychú está activa, presente, luchando por su vida y su medio ambiente, porque no queremos que nos contaminen como ya hicieron en Europa", agregó.

Paquete de medidas. Tras el anuncio de la autorización para habilitar a la pastera y la posterior contramarcha del gobierno de Uruguay, los vecinos de Entre Ríos renuevan propuestas para frenar a Botnia. Planean realizar una presentación ante el juez federal Guillermo Quadrini, de Concepción del Uruguay, para que convoque a directivos uruguayos y finlandeses con el fin de interrogarlos por "tentativa de contaminación", buscarán una entrevista con el canciller Jorge Taiana, insistirán en reclamar ante el Congreso y montar una vigilancia permanente desde la costa.