El Gobierno aprobó este martes la "Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo", a través del decreto 1225/07 firmado esta mañana por el presidente Néstor Kirchner.

La decisión puede considerarse un "gesto" del Gobierno en coincidencia con el sexto aniversario de los atentados de 2001 en Estados Unidos.

La agenda tiene 20 objetivos para combatir el lavado de dinero, entre ellos, la "promoción de reformas legislativas en la penalización" de ese delito e "incorporar a los fondos fiduciarios y a las AFJP a la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas".

La norma fue suscripta por el canciller, Jorge Taiana, el ministro de Economía, Miguel Peirano, y su par de Justicia, Alberto Iribarne, quien, en una conferencia de prensa posterior, destacó que con ella el Gobierno "da un importante paso más en lo que es la política para enfrentar la conducta delictiva del lavado de activos y la financiación del terrorismo".

"La agenda (aprobada hoy) tiene 20 objetivos generales y metas específicas", entre ellas "mejorar los controles sobre el sistema financiero, fortalecer los organismos encargados de perseguir el lavado, la cooperación internacional en la materia y ampliar el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas", ilustró el ministro de Justicia.

Para Iribarne, "se completa un ciclo iniciado hace dos años, con una serie de reformas legislativas, entre otras a la propia ley de Lavado de Activos, la sanción de la ley que modifica la estructura y funcionamiento de la unidad de información financiera (UIF) y la ley que tipifica el delito de asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento del terrorismo".

La aprobación de la agenda "expresa la coordinación entre todos los organismos de la Administración Pública Nacional que tienen que ver con este tema del lavado de activos, coordinación efectiva que, hay que reconocer, antes no se daba", admitió Iribarne.

En la elaboración de la agenda participaron el ministerio de Relaciones Exteriores, la UIF, la Inspección General de Justicia y la Oficina Anticorrupción, en representación del ministerio de Justicia; la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros, por parte del ministerio de Economía, entre otros organismos.

Iribarne aseguró que la determinación de impulsar el decreto con la agenda "es una decisión absolutamente independiente tomada por el Estado Nacional, pero que también es en cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de convenios firmados por el país en Naciones Unidas y con el Grupo de Acción Financiera (GAFI)".

En ese organismo internacional, la Argentina fue evaluada en junio último y "su acción fue aprobada", sostuvo Iribarne.