El CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, laudó ayer en contra del Estado nacional estableciendo una compensación de u$s 105 millones al grupo francés Vivendi. El pleito comenzó en 1997, cuando la empresa gala se retiró anticipadamente de la concesión Aguas del Aconquija en Tucumán acusando a las autoridades provinciales de alterar el contrato.

Como ya lo hizo en anteriores oportunidades, el gobierno pedirá la anulación del fallo, anticipó ayer el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino.

No obstante, hay algunas dudas de que el CIADI dé lugar al pedido. Esto es así porque el caso de Aguas del Aconquija ya tuvo un primer laudo que fue favorable al Estado nacional, en tanto, remitía el problema a la Justicia local, y Vivendi logró abrir un proceso de nulidad, del que surge este fallo conocido ayer.

Como el CIADI no tiene normas establecidas ni jurisprudencia, no queda claro si hay posibilidad de un segundo procedimiento de nulidad, esta vez de parte de la Argentina.

El CIADI determinó que los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y la Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países.

Si bien el conflicto se suscitó en Tucumán, la demanda es contra el Estado nacional, porque fue éste el que firmó el tratado de protección recíproca de inversiones con Francia.