En medio del conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decretó que firmó el presidente Javier Milei para declarar a Aerolíneas Argentinas S.A. "sujeta a privatización".
La medida, que había sido adelantada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue publicada mediante el decreto 873/2024, en el Boletín Oficial.

"La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente", sostiene el documento, que también lleva las rúbricas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, sostiene: “El Gobierno se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos; ello con la perspectiva de contribuir al incremento de la competitividad de la economía y al mejoramiento de la calidad de los servicios”.

Dentro del documento, el presidente Javier Milei presentó datos proporcionados por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía.

“En el año 2023, solamente siete de las empresas estatales obtuvieron ganancias y únicamente cuatro no requirieron el aporte de fondos del Tesoro”, señaló. A su vez, también pluralizó: “Con miras a la racionalización de los recursos y con la finalidad de solucionar la actual crisis económica que atraviesa el país, se torna necesaria la transferencia al sector privado de aquellos entes cuya actuación en el ámbito estatal ya no encuentra sustento”.

Además, el Gobierno consideró: “A pesar de las buenas intenciones que podrían haber sustentado, luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados”.

También se argumentó que el Tesoro Nacional no está en condiciones de ocuparse de una empresa “altamente deficitaria” y adjudicó que quienes la mantiene son los argentinos a través de un aporte de más de cientos de millones de pesos.