Mientras Jorge Lanata continúa su internación en la clínica Santa Catalina, una jueza impuso restricciones a la libertad de expresión, prohibiendo a los medios mencionar al periodista.

Esta medida fue solicitada por su esposa actual, la abogada Elba Marcovecchio, en medio de un escándalo que involucra denuncias cruzadas con las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.

El juzgado civil N°8 de Buenos Aires, en su comunicado, establece que “se prohíbe la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluyendo su imagen, su vida privada, su situación familiar y detalles del proceso judicial en curso”.

“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, establece el oficio.

En rigor, la decisión generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y dirigentes políticos, como la diputada Silvana Giudici (PRO), que destacaron el valor de la libertad de expresión y rechazaron este caso de “censura judicial”. La jueza, además, dispuso una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata.




“La prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre a la Sra. Elba Lorena Marcovecchio”.

”Su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, señala el oficio que el Juzgado Civil N°8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones, para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.

En su presentación, las abogadas de Marcovecchio pusieron en conocimiento “la gran angustia por la que esta pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad”.

El comunicado de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó un duro comunicado al respecto.

“Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”, expresaron en el escrito.

Asimismo, desde ADEPA señalaron que se trata de una “censura judicial” que “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes”, y “que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.

En esta línea, la organización repudió esta restricción y retomó los puntos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó para definir la censura. “Cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”, sostuvieron.