Tras el conflicto entre las prepagas y el Gobierno por aumentos “excesivos” en las cuotas, la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtió que más de 5000 centros de salud están “al borde de la quiebra” y sostuvo que no podrá afrontar el pago de salarios en “tiempo y forma” del personal de sanidad.

La entidad, que preside Hugo Magonza, comunicó que las principales cámaras que agrupan al sector del sistema de salud privado y el gremio de la Sanidad firmaron una recomposición salarial de 28,8% en tres tramos para mayo, junio y julio.

“El capital humano es el recurso más importante de este sector. No poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo”, alertó la entidad.

Según la UAS, “más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP -a partir de agosto- como consecuencia de deudas previsionales e impositivas”.

En ese sentido, detallaron que hay instituciones de la provincia de Buenos Aires, CABA y del interior del país que “en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos” e impactará directamente sobre la atención de los pacientes.

Se trata del primer comunicado luego de la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio en la que se ordenó a un grupo de prepagas retrotraer sus precios a los valores de diciembre y actualizarlos según la inflación registrada del último mes de 2023 (25%).

Por su parte, la Justicia homologó el acuerdo firmado por el Gobierno y las empresas de medicina privada sobre la devolución de dinero a los afiliados y la liberación de las cuotas desde julio. Por estos días, algunas firmas están comunicando los incrementos las cuotas desde septiembre.

A pesar de la tensión con el Gobierno, la Unión Argentina de Salud subrayó que la situación financiera de las entidades de medicina privada “está rota” y solicitó que se tomen “medidas urgentes”.

“Nos es imposible quedarnos callados frente a la responsabilidad que tenemos con los argentinos que vienen a atenderse a nuestras instituciones y que -de no modificarse urgentemente esta situación- se verán afectados directamente”, afirmaron.