El Gobierno tomó la decisión política de declararle la guerra a las prepagas para que cesen con los aumentos a casi cuatro meses de haber liberado el sector mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.

La gestión de Javier Milei decidió tomar acciones en dos planos. Hacia atrás, amenaza con tomar medidas administrativas y judiciales contra las empresas por presunta “cartelización” y “abuso de posición dominante en el mercado” por los incrementos de las cuotas de enero, febrero y marzo.

Hacia adelante, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

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A contrapelo del programa ultraliberal que enarbola Milei, el Gobierno decidió presionar fuertemente a las prepagas -que implementaron aumentos de hasta 165% entre enero y abril- con una embestida pública que podría recrudecer la semana próxima. No solo eso.

En privado, según distintas fuentes oficiales y empresarias, hubo conversaciones informales en las que representantes del Poder Ejecutivo les pidieron a las compañías que no siguieran aumentando las cuotas en mayo y en junio.

Fuentes del Gobierno aseguraron: “En charlas informales el Gobierno le pidió a las prepagas que no hubiera aumentos por dos o tres meses y las prepagas dijeron que no, que recién en junio o julio podrían plantear un aumento cero”.

Las empresas aseguran que en todo momento tuvieron voluntad de acercarse al Gobierno y buscar soluciones, pero que los funcionarios no quisieron recibirlas más. De hecho, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, no les otorgó a las cámaras del sector la audiencia que habían solicitado.