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La ministra fue imputada por una sospechosa exportación de armas
19 de julio de 2007
La ministra de Defensa, Nilda Garré, fue imputada por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia del delito de contrabando agravado en una causa judicial en la que se investigan supuestas irregularidades en la exportación de material bélico por parte de Fabricaciones Militares.
La investigación se inició en febrero, cuando la Aduana frenó un embarque sospechoso de 6.700 kilogramos de partes de fusiles que iban a venderse por sólo 2600 dólares a la empresa de un argentino radicado en los Estados Unidos.
La resolución se conoce la misma semana en la que Felisa Miceli tuvo que dejar el Ministerio de Economía complicada por el pedido de un fiscal para que declarara en la causa sobre la bolsa de dinero hallada en su despacho.
Además de la ministra Garré fueron imputados del mismo delito el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Marcelo Bellisi, el funcionario de la DGFM Arturo Huergo, la despachante de aduana Laura Andolfi e integrantes de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico (cuyas identidades aún se deben verificar).
Tiscornia también presentó una denuncia en el fuero federal por un probable fraude en perjuicio de la administración pública.
"Todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de probable subfacturación, sin que a esta altura pueda descartarse que el avance de estas averiguaciones permita ilustrar acerca del despliegue de una maniobra elusiva del control aduanero, pero referida a una hipótesis de contrabando agravado por tratarse de material bélico", sostuvo Tiscornia en su resolución, según el matutino La Nación.
Tiscornia no puso fecha para indagar a la ministra Garré y a las demás personas imputadas, pero en los últimos párrafos de su dictamen sostuvo: "Se invitará a los nombrados para que propongan defensor y si no lo hicieren, hasta tanto se les pudiera recibir, eventualmente, declaración indagatoria, se les designará defensor oficial".
El caso por el presunto contrabando de material bélico llegó al despacho de Tiscornia y de la fiscal Carolina Robiglio luego de que la Aduana frenó un embarque de 6739 kilos de partes y accesorios de fusiles FAL que iban a ser exportados por la DGFM a la empresa JLD Enterprises INC, radicada en Connecticut, Estados Unidos, a un precio de 2664,45 dólares.
Según el dictamen de Tiscornia, "la autorización final para el último embarque [frenado por la Aduana] la otorgó el Ministerio de Defensa por resolución N° 1334 con fecha 4 de diciembre de 2006".
La Aduana decidió frenar el embarque antes de que saliera el barco hacia los Estados Unidos porque le había llamado la atención el precio que iba a recibir la DGFM por la exportación de las partes y accesorios de los fusiles.
Según lo que había declarado la DGFM, iban a ser exportados 5247 cuerpos cerrojos (los especialistas los definen como el alma del fusil), pero cuando se realizó la inspección en el contenedor se comprobó que faltaban 321 unidades.
La Aduana, según fuentes de la causa, también descubrió que entre los cuerpos cerrojo existían 46 unidades cuya numeración no figuraba en la lista autorizada para la exportación.
"Había tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible", escribió en su dictamen el juez Tiscornia.
El embarque frenado por la Aduana formaba parte de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP) a JLD Enterprises INC.
En 2005, vía aérea, la DGFM realizó cuatro exportaciones de material bélico que tenían como destino esa empresa, propiedad del argentino José Luis Díaz. La mercadería salió desde el aeropuerto de Ezeiza y debía aterrizar en la ciudad de Nueva York.
"Otra arista que abastece el objetivo estado de sospecha es el probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de desguace, eventualmente, escondiese un cargamento de partes de armas que luego podrían ser sometidas a una transformación en fusiles terminados y listos para ser disparados, o, eventualmente, para ser colocados en algún país distinto del formalmente declarado", afirmó Tiscornia en su resolución.
En su escrito, Tiscornia prohibió a todos los imputados, excepto a la ministra Garré, la salida del país: "Este tribunal -sostuvo- estima que no corresponderá hacer extensiva la prohibición de salida del país ya decretada respecto de los imputados Bellesi, Huergo y Andolfi, toda vez que el solo ejercicio de ese alto rango ministerial aleja toda posibilidad presente de eventual sustracción por parte de la nombrada [por Garré] a la jurisdicción que le es propia a este juzgado".
La operación entre la DGFM (que desde el año pasado está en la órbita del Ministerio de Planificación) y JLD Enterprises fue aprobada por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, un ente tripartido integrado por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores.
"Ese mismo estado de sospecha coloca a este tribunal en el deber impostergable de orientar las averiguaciones en pos de determinar si se trató de una operación aislada o si, por el contrario, se trató de una compleja operación de contrabando que podría venirse gestando desde hace ya varios años", argumento el juez.
La investigación se inició en febrero, cuando la Aduana frenó un embarque sospechoso de 6.700 kilogramos de partes de fusiles que iban a venderse por sólo 2600 dólares a la empresa de un argentino radicado en los Estados Unidos.
La resolución se conoce la misma semana en la que Felisa Miceli tuvo que dejar el Ministerio de Economía complicada por el pedido de un fiscal para que declarara en la causa sobre la bolsa de dinero hallada en su despacho.
Además de la ministra Garré fueron imputados del mismo delito el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Marcelo Bellisi, el funcionario de la DGFM Arturo Huergo, la despachante de aduana Laura Andolfi e integrantes de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico (cuyas identidades aún se deben verificar).
Tiscornia también presentó una denuncia en el fuero federal por un probable fraude en perjuicio de la administración pública.
"Todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de probable subfacturación, sin que a esta altura pueda descartarse que el avance de estas averiguaciones permita ilustrar acerca del despliegue de una maniobra elusiva del control aduanero, pero referida a una hipótesis de contrabando agravado por tratarse de material bélico", sostuvo Tiscornia en su resolución, según el matutino La Nación.
Tiscornia no puso fecha para indagar a la ministra Garré y a las demás personas imputadas, pero en los últimos párrafos de su dictamen sostuvo: "Se invitará a los nombrados para que propongan defensor y si no lo hicieren, hasta tanto se les pudiera recibir, eventualmente, declaración indagatoria, se les designará defensor oficial".
El caso por el presunto contrabando de material bélico llegó al despacho de Tiscornia y de la fiscal Carolina Robiglio luego de que la Aduana frenó un embarque de 6739 kilos de partes y accesorios de fusiles FAL que iban a ser exportados por la DGFM a la empresa JLD Enterprises INC, radicada en Connecticut, Estados Unidos, a un precio de 2664,45 dólares.
Según el dictamen de Tiscornia, "la autorización final para el último embarque [frenado por la Aduana] la otorgó el Ministerio de Defensa por resolución N° 1334 con fecha 4 de diciembre de 2006".
La Aduana decidió frenar el embarque antes de que saliera el barco hacia los Estados Unidos porque le había llamado la atención el precio que iba a recibir la DGFM por la exportación de las partes y accesorios de los fusiles.
Según lo que había declarado la DGFM, iban a ser exportados 5247 cuerpos cerrojos (los especialistas los definen como el alma del fusil), pero cuando se realizó la inspección en el contenedor se comprobó que faltaban 321 unidades.
La Aduana, según fuentes de la causa, también descubrió que entre los cuerpos cerrojo existían 46 unidades cuya numeración no figuraba en la lista autorizada para la exportación.
"Había tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible", escribió en su dictamen el juez Tiscornia.
El embarque frenado por la Aduana formaba parte de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP) a JLD Enterprises INC.
En 2005, vía aérea, la DGFM realizó cuatro exportaciones de material bélico que tenían como destino esa empresa, propiedad del argentino José Luis Díaz. La mercadería salió desde el aeropuerto de Ezeiza y debía aterrizar en la ciudad de Nueva York.
"Otra arista que abastece el objetivo estado de sospecha es el probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de desguace, eventualmente, escondiese un cargamento de partes de armas que luego podrían ser sometidas a una transformación en fusiles terminados y listos para ser disparados, o, eventualmente, para ser colocados en algún país distinto del formalmente declarado", afirmó Tiscornia en su resolución.
En su escrito, Tiscornia prohibió a todos los imputados, excepto a la ministra Garré, la salida del país: "Este tribunal -sostuvo- estima que no corresponderá hacer extensiva la prohibición de salida del país ya decretada respecto de los imputados Bellesi, Huergo y Andolfi, toda vez que el solo ejercicio de ese alto rango ministerial aleja toda posibilidad presente de eventual sustracción por parte de la nombrada [por Garré] a la jurisdicción que le es propia a este juzgado".
La operación entre la DGFM (que desde el año pasado está en la órbita del Ministerio de Planificación) y JLD Enterprises fue aprobada por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, un ente tripartido integrado por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores.
"Ese mismo estado de sospecha coloca a este tribunal en el deber impostergable de orientar las averiguaciones en pos de determinar si se trató de una operación aislada o si, por el contrario, se trató de una compleja operación de contrabando que podría venirse gestando desde hace ya varios años", argumento el juez.