En medio de la debacle económica de la Argentinas, los aranceles de los servicios ambulatorios de salud en la Argentina son los más bajos de América latina y la principal causa de la crisis del sistema sanitario, según prestadores, a pesar de que contratar una prepaga ya se considera un servicio de lujo en la Argentina inflacionaria.

A pesar de los enormes problemas que atraviesa el sistema sanitario, el tema salud no fue incluido en los debates que realizarán los candidatos presidenciales entre el primero y el 8 de octubre próximos, lo cual es "insólito", según los referentes del sector.



La Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico (CADIME) advirtió que los aranceles que abonan obras sociales, la medicina prepaga y demás financiadores son tan bajos que "se convirtieron en una de las principales causas de la crisis del sector de la salud en la Argentina".



El reporte se conoce un días después de que prestadores de todo el país anunciaron que comenzarán a cobrarle un adicional a los pacientes por la atención médica, estudios y análisis, porque lo que reciben de las prepagas y obras sociales no cubre ni un tercio de sus costos.




El arancel por una consulta médica es de 4,16 dólares al valor oficial y de 2,06 al del contado con liquidación, de acuerdo con el nomenclador de prestaciones de salud del Hospital Público de Gestión Descentralizada (que se debería tomar como referencia para la determinación de aranceles mínimos obligatorios, según el Decreto 1993/2011 reglamentario de la Ley 26.682).



Mientras, en Chile alcanza los 15,58 dólares (+656% en la brecha con el valor a dólar financiero), y en Paraguay, los 10 dólares (+385%). Eso explica que cada vez más médicos y otros profesionales de la salud elijan hacer guardias en centros de médicos extranjeros, o directamente emigren.



En los casos de análisis de glucosa en sangre o hemograma, el arancel de referencia es de 0,52 dólares oficiales y 0,26 dólares CCL. En tanto, en Chile se pagan 2,11 (+711% con relación al valor al dólar CCL) y 5,21 (+1.904%) dólares, respectivamente, y en Paraguay 1,38 (+430%) y 2,07 (+696%) dólares, también respectivamente.



Más moderadas, pero aún importantes, son las diferencias entre los aranceles que se abonan por una radiografía de tórax, de 10,95 dólares oficiales y 5,42 dólares CCL en Argentina, respecto de las que se pagan en Chile, de 18,21 dólares (+236% en comparación con el valor al dólar CCL), y en Paraguay, de 13,77 dólares (+154%).



Asimismo, los prestadores de servicios de tomografía reciben, en promedio, 61,59 dólares oficiales y 30,46 dólares CCL por cada práctica.



Mientras, el mismo estudio en Chile vale 100 dólares (+228%, respecto del valor al dólar financiero) y en Paraguay, 130 dólares (+326%).



Los autores del estudio explicaron que no incluyeron Brasil y Uruguay porque "sólo es posible comparar sistemas de salud con características similares".



De acuerdo con Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME, "este fuerte atraso arancelario, que pone en situación límite las actividades de los prestadores ambulatorios, se complementa con un escenario de gravedad general por el que atraviesa el sistema de salud de nuestro país".



Dijo que las causas son "una marcada fragmentación del sistema y fuertes contradicciones al interior de los subsectores estatal, privado y de la seguridad social".



Además, alertó que existen problemas jurídicos, por múltiples normativas, e impositivos, a raíz de la carga fiscal.

Denunció la existencia de una "puja intrasectorial, que compromete la capacidad de negociación" y un distanciamiento creciente entre los objetivos necesarios para mejorar la calidad y el acceso de los argentinos al sistema de salud, y los recursos para lograr esa meta.



Para el dirigente, existe también "una crisis de desarrollo profesional, tecnológico y de sustentabilidad económica de las empresas, con profesionales especializados que salen de cartillas, pymes que cierran y aumento de la concentración".



CADIME decidió enviar a los candidatos presidenciales propuestas para debatir con urgencia la necesaria reforma del sistema de salud, que contribuyan a paliar su crisis y promuevan permanentemente la consideración de la salud como política de Estado. Sus seis pautas fundamentales son las siguientes.



La propuesta sostiene que es necesario el compromiso del Estado para mantener el equilibrio de los recursos financieros de los servicios asistenciales de salud, resolver inequidades y evitar la concentración del mercado, que es contraria a la estrategia de atención primaria de la salud, en tanto compromete la cobertura y el acceso y excluye a grandes sectores de la población.



También mejorar sustancialmente los aranceles que abonan las obras sociales, la medicina prepaga y demás financiadores a los prestadores ambulatorios, ya que se ubican entre los más bajos de América latina cuando se comparan sistemas de salud con características similares, mediante la instrumentación por parte del Consejo de Concertación de aranceles mínimos y obligatorios, de acuerdo con las leyes 26.682 y 23.660, ante un “mercado de la salud” imperfecto.



"Se requiere regularizar el pago por las prestaciones realizadas a 30 días y a valores actualizados al momento del pago, y no a los 90 o 120 días, como ocurre en la actualidad, lo que provoca el desfinanciamiento de los prestadores", alertan.



Y también consideran que deberían eliminarse impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos, tasas y contribuciones de Industria y Comercio y ABL, para los servicios de los prestadores pyme que cuidan la salud de la población, además de instrumentar la admisión del cómputo de crédito fiscal del IVA originado por operaciones exentas y su acreditación contra otros impuestos o contribuciones patronales, y de un régimen tarifario diferencial, entre otras iniciativas.