Dos manifestantes acusados de agredir con piedras y palos a la Policía y atacar al Congreso Nacional durante la discusión en diciembre de 2017 del proyecto de reforma previsional fueron condenados hoy por la justicia.

César Arakaki recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión y Daniel Ruiz de tres años. En ambos casos es de cumplimiento en una cárcel, lo que se hará efectivo cuando el fallo quedé firme.

En un juicio unipersonal el juez del Tribunal Oral Federal 3 Javier Ríos condenó esta tarde a Arakaki y a Ruiz por los delitos de intimidación publica y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y en reunión de tres o más personas. A Arakaki también lo condenó por lesiones en ocasión de agresión contra el policía Brian Escobar.

Se trata de las penas que había pedido el fiscal Juan García Elorrio en sus alegatos. Las defensas habían solicitado su absolución. Ambas penas son de cumplimiento efectivo. Pero los acusados no quedaron detenidos porque que la decisión tiene que quedar firme. El juez Ríos dará el próximo 4 de febrero los fundamentos de su decisión.

Luego las defensas pueden apelar para que las condenas sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal y en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si las condenas son ratificadas ahí se harán efectivas las detenciones. Para que queden detenidos se deberá hacer el cómputo de la pena de cuanto tiempo les resta cumplir porque tanto Arakaki como Ruiz ya estuvieron detenidos en el inicio de la causa.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 en la plaza de los Dos Congresos cuando la Cámara de Diputados debatió la ley de reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. Partidos políticos y organismos de derechos humanos se movilizaron contra la ley. Hubo un enfrentamiento con la Policía. Los manifestantes atacaron con piedras y palos a la fuerzas de seguridad y la Policía reprimió. Todo quedó registrado en las cámaras de los medios de comunicación y se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes y agentes de la Policía.

Cuatro días antes también hubo incidentes en el Congreso. Eso provocó que la sesión en la Cámara de Diputados se suspendiera. Los hechos se repitieron el 18.

Arakaki, del Partido Obrero, y Ruíz, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, fueron identificados y detenidos. En noviembre del 2019 comenzaron a ser juzgados. En el juicio el fiscal García Elorrio los acusó y pidió que sean condenados.

La Fiscalía acusó a Arakaki de intimidación pública, atentado contra la autoridad y lesiones en agresión contra el policía de la ciudad Escobar que por las agresiones perdió la audición en el oído izquierdo.

Para el fiscal las imputaciones se comprobaron con las imágenes y que los acusados intimidaron no solo a la fuerza de seguridad sino a todos los manifestantes que estuvieron en el lugar. Solicitó que Arakaki sea condenado por esos delitos a tres años y cuatro meses de prisión.
La audiencia comenzó a las 14 horas en los tribunales de Comodoro Py cuando Arakaki y Ruiz dijeron sus últimas palabras antes del veredicto que se fijó para las 15:30.

La lectura de la decisión, que hizo el juez Ríos, duró poco menos de 10 minutos. Rechazó los pedidos de nulidad que hicieron las defensas y condenó a los dos militantes.

Con la situación del policía Escobar se dio una particularidad. Formó parte del juicio como acusador privado pero luego se retiró del juicio. Fue ante la exhibición de videos que mostraron que Arakaki no fue quien lo agredió. El juez Ríos condenó a Arakaki por la agresión a Escobar.

Respecto de Ruiz, la Fiscalía pidió una condena de tres años por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad por haber disparo explosiones con un artefacto atado a un palo.

Martín Alderete, abogado de Ruiz, y Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, defensoras de Arakaki, pidieron sus absoluciones. Señalaron que hubo infiltrados que iniciaron los incidentes, que la orden era desalojaron la plaza porque a la tarde iba a llegar más gente y que la represión de la Policía fue para buscar reacciones. También que la decisión política fue responsabilizar a los partidos de izquierda de los hechos.

Otros dos militantes -Mariano Stansiola y Dimas Ponce- no llegaron a juicio porque acordaron una probation para hacer tareas comunitarias y evitar el proceso.

Un tercer acusado es Sebastián Romero, a quien en las imágenes se ve con un mortero casero apuntando contra la policía. Romero estuvo prófugo de la justicia dos años y medio hasta que en mayo del 2020 fue detenido en Uruguay y extraditado al país. Estuvo preso hasta que fue liberado.

Pidió una probation para hacer tareas comunitarias pero el fiscal García Elorrio se opuso y solicitó que sea juzgado. El juez Ríos debe resolver su situación.

rob