La Justicia allana las instalaciones de River Plate, en un operativo relacionado con la investigación abierta por el incumplimiento del aforo en el estadio Monumental el último domingo, en ocasión del Superclásico que el Millonario le ganó a Boca por 2-1.

En la primera fecha con autorización para el regreso del público tras un año y medio de restricciones por la pandemia de coronavirus, el estadio Antonio Vespucio Liberti fue habilitado para albergar 36.000 espectadores.

Sin embargo, desde la fiscalía especializada en los eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires calculan que alrededor de 50.000 fanáticos presenciaron el cotejo en Núñez.

Fue la fiscal Celsa Ramírez quien ordenó el procedimiento que llevó adelante el cuerpo de investigaciones judiciales: secuestran toda la información que tiene que ver con los accesos, como las cámaras de video y el software de los molinetes. Quieren dilucidar cuánta gente pasó, si hubo molinetes liberados, si hubo algún acceso no declarado y cuántas entradas de protocolo entregó River.

La acusación al club tiene que ver con la violación del artículo 205 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Desde River argumentan que los registros de los molinetes arrojaron un total cercano a las 36 mil personas, es decir, el aforo permitido, y que el excedente tuvo relación con las entradas de protocolo, discapacitados y prensa.

También, según explicaron desde Núñez, “hubo un problema en los molinetes con gente que se empezó a acumular porque le daba error el carnet, y por un tema de seguridad, se decidió junto con los responsables del operativo que pasaran cuando ya estaba por comenzar el partido”.

Previendo que se diera este inconveniente, la dirigencia había estrenado un sistema de molinetes a 150 metros de los ingresos al Monumental, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las puertas.

Y al lado de cada empleado que manejó el molinete hubo guardias de seguridad privados y policías de la ciudad. Si el carnet que se apoya no estaba autorizado, aparecía la cruz roja en el sistema y se lo rechazaba.

Y al haber policías y seguridad privada, más una unidad fiscal móvil, la intención era que quien intentara traspasar sin autorización, fuera demorado. Y esta situación, se supone, podía ser disuasiva para todo el resto.

Pero, según explicó el Millonario, sobre la hora del partido hubo un cuello de botella. El operativo de seguridad dispuso 1200 policías, lo que elevó el número a 1500 efectivos considerando los 300 de seguridad privada.

rob