El Gobierno argentino manifestó su “enérgica condena” a la designación como nuevo ministro del Interior de Irán, de Ahmad Vahidi, buscado por Interpol y señalado como uno de los responsables ideológicos del atentado a la AMIA, en julio de 1994.

“La Argentina expresa una vez más su más enérgica condena a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán”, dijo la Cancillería a través de un comunicado.

Afirmó que su designación “constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”.

“Tal como fuera manifestado en agosto de 2009, cuando Vahidi fue nominado a ocupar el cargo de Ministro de Defensa, su nominación para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del Gobierno de nuestro país”, agrega el comunicado oficial.

“El Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de la República Islámica de Irán a cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”, culmina el texto.

Vahidi no es un funcionario más: al momento del atentado contra la sede comunitaria de la calle Pasteur, que causó 85 muertes y centenares de heridos, era el jefe de la Fuerza Al Quds, brazo paramilitar del grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), encargada de atentados terroristas en distintas partes del mundo en la década del 90.

Se trata, por cierto, de un tema incómodo para el Gobierno. Rusia, China y Venezuela se cuentan entre los escasos aliados de Irán en el concierto internacional, y con el triunfo del conservador Ebrahim Raisi regresan al poder dirigentes del “ala dura”, en momentos en los que se había iniciado una negociación con Estados Unidos y la UE en torno al desarrollo nuclear de Teherán.

A igual que otros cinco ex funcionarios del gobierno iraní acusados de participar del ataque, Vahidi figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), que confecciona el Ministerio de Justicia que encabeza Martín Soria. La última actualización de esa inclusión fue el 26 de julio de 2019, y continúa allí.

Vahidi estuvo en Bolivia en 2011, en aquel caso como ministro de Defensa, y el propio presidente Evo Morales debió echarlo del país por la presión internacional, que pedía su detención inmediata, luego de participar de un acto militar.

Las “disculpas” de Morales al entonces gobierno de Cristina Kirchner por no haber podido detenerlo llegaron después de que el funcionario iraní emprendiera regreso a su país.
En paralelo a la causa judicial por la firma, en enero de 2013, del Memorándum de Entendimiento con el país gobernado por los ayatollas, en la que están imputados la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios, el Gobierno redujo al mínimo su relación con Irán. Su delegación diplomática en Teherán se compone de sólo tres personas, conducida por la encargada de Negocios, Corina Inés Anisko, diplomática de carrera al igual que sus dos colaboradores. Más allá del apoyo a Irán de sectores y referentes minoritarios, como el expiquetero Luis D´Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, los vínculos comerciales entre ambos países continúan en la pendiente, luego de un pico durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

Las exportaciones argentinas (aceites, soja) a Irán pasaron de 0 en 2005 y US$319 millones en 2007 (el año de la condena de Néstor Kirchner a Teherán en la ONU) a US$1.453 millones anuales en 2010 (primer gobierno de Cristina Kirchner), y se mantuvieron altas, en más de US$700 millones hasta el 2015 inclusive.

Desde 2016, luego de la violenta muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, y con la llegada al gobierno de Cambiemos, los envíos se redujeron a la mitad y se mantuvieron en un promedio de US$400 millones.

Bajaron dramáticamente en 2020 (primer año de Alberto Fernández, a US$283 millones) aunque la previsión para 2021 es de US$500 millones.